La jornada fue el resultado de un trabajo de investigación previo que permitió ubicar cada punto antes de intervenir.
Triple A anuló nueve conexiones ilegales sobre la conducción Achotera, en el tramo comprendido entre Sabanagrande y Polonuevo, durante un operativo adelantado conjuntamente con la Gobernación del Atlántico, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, en la mañana de este miércoles 8 de octubre.
La intervención permitió recuperar de inmediato 15 litros por segundo, un caudal que ya se refleja en la recuperación de los tanques de almacenamiento en la EBAP Achotera y en la continuidad del suministro para los municipios de Polonuevo y Baranoa.
Según la empresa, la jornada fue resultado de un trabajo de investigación previo que permitió ubicar cada punto antes de intervenir. Según Ramón Hemer, gerente general de Triple A, las conexiones ilegales abastecían urbanizaciones campestres, fincas y parcelas del sector.
Para dimensionar el impacto, el directivo explicó que se desviaban cerca de 38.800 metros cúbicos de agua mensuales de manera fraudulenta, volumen con el que se podría abastecer a unos 9.200 habitantes, es decir, el 55 % de un municipio como Polonuevo.
“Ese volumen ya está entrando a los tanques de almacenamiento, que es donde se mide el efecto real, mayor reserva, mejor presión y un suministro más estable para los usuarios”, dijo Hemer.
De las nueve conexiones, según el informe, cuatro estaban conectadas directamente a la conducción de 16 pulgadas en proyectos como Campestre Villa Cecy 1 y 2, Villa Nora – San Rafael y en la rotonda de la variante Sabanagrande – Palmar de Varela, donde se surtía la finca El Encanto y unas 20 parcelas. Las cinco restantes estaban en redes de 6 y 3 pulgadas en Tierra Prometida 3, Casa Campestre, Cacaramoa, Campo Verde y La Molinera.
La empresa advirtió que las tomas clandestinas han afectado directamente la continuidad del servicio, pues los usuarios legales son los primeros en sentir la baja presión, la falta de regularidad en las partes altas y las interrupciones. En marzo, en este mismo corredor se perdían 72 litros por segundo, hasta el 40 % del agua que debía llegar a la estación Achotera.
Todos los casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y, además de la acción penal que puede costar hasta 72 meses de prisión, la Ley 142 de 1994 faculta a Triple A para cobrar los consumos no facturados cuando se demuestra dolo.
“Anular la conexión es apenas el primer paso. Cada uno de estos casos ya está en manos de las autoridades competentes y vamos a acompañar el proceso hasta el final. Quien toma agua de manera ilegal tiene que saber que no se trata de una falta menor: es un delito que puede costarle hasta 72 meses de prisión, además de responder por el agua que consumió sin autorización”, advirtió Hemer Redondo.
Por su parte, la Gobernación del Atlántico anunció que continuará recorriendo municipios para identificar nuevas irregularidades.
“Desde la Gobernación vamos a seguir trabajando de manera articulada para combatir el robo de agua en todo el departamento. Estas conexiones ilegales afectan la prestación del servicio y terminan perjudicando a las familias que sí cumplen con sus obligaciones. Por eso vamos a continuar llegando a los territorios, identificando estas irregularidades y actuando con las autoridades para proteger un recurso que es fundamental para todos”, afirmó José Antonio Luque, secretario del Interior del Atlántico.
