Sectores afines al Gobierno nacional y sus mismos funcionarios, criticaron férreamente la suspensión del decreto que aumentó el salario mínimo en un 23,7 % para el 2026.
Un movimiento de amplio espectro ha causado en el país la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del Gobierno nacional que aumentó en 23,7 % el salario mínimo para 2026. El tribunal administrativo dio ocho días al Ejecutivo para que formule un nuevo decreto.
Frente a esa determinación, las reacciones no se hicieron esperar. Sectores y políticos afines al Gobierno de turno cuestionaron los efectos de la misma, argumentando que “tocará los bolsillos de los colombianos” e incrementará la desigualdad y la pobreza.
“RECHAZO LA REGRESIVA SUSPENSIÓN DEL SALARIO VITAL Rechazo la arbitraria y regresiva, medida de suspender el salario vital. Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia. Esta medida, lo único que demuestra es la resistencia a que los sectores que viven en condiciones de desigualdad y los pobres tengan derechos en Colombia. Esta clase de decisiones propician la reproducción de la desigualdad social. Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”, señaló Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico, quien busca continuar el legado del petrismo.
#POLÍTICA "Es una afrenta, es insensible", así se refirió el precandidato presidencial Roy Barreras a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo del 2026.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 13, 2026
Convocó a los colombianos a salir a las calles a protestar por esta… pic.twitter.com/4l7Dz7hsN7
El también exsenador petrista y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, criticó la decisión e instó a la clase trabajadora a salir a las calles a defender sus derechos mínimos vitales.
“URGENTE. El Consejo de Estado, en clara extralimitación de funciones, suspende el decreto que elevó el salario mínimo a $2 millones. Está arbitrariedad y esta afrenta a la lucha contra la desigualdad y la pobreza debe poner de pie a todos los trabajadores de Colombia”, expresó.
Armando Benedetti, ministro del Interior, fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno en referirse al auto emitido por el Consejo de Estado, declarando:
“Me acabo de enterar que el Consejo de Estado tumbó provisionalmente el Salario Mínimo Vital. Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas cuando la gente decida quién está a favor de los menos favorecidos y quiénes están del lado de las élites”.
Activistas de izquierda como Levy Rincón, apoyaron la convocatoria de manifestarse públicamente y en su cuenta de X, escribió:
“Si les quitan a las personas la oportunidad de ganarse un salario mínimo digno para vivir entonces lo que queda es salir a las calles y parar el país. ¡Vamos a hacer una manifestación ni la hijue*** y también vamos a poner a Iván Cepeda de presidente! ¡Ratas malpa***!”, Levy Rincón, activista.
El concejal de Bogotá Julián Triana cuestionó: “Hay políticos tan caraduras que en la mañana celebran que se caiga el aumento del salario mínimo y en la tarde van y le piden votos al pueblo trabajador. ¡Miserables!”.
Mafe Rojas, ministra de Transporte, fue más allá y señaló que “en este país, cada vez que se intenta avanzar en justicia social, aparecen los mismos sectores a frenarlo”.
Cabe resaltar que la decisión del Consejo de Estado se forjó luego de recibir más de 30 demandas contra el decreto que estableció el salario mínimo en 2 millones de pesos para 2026, argumentando que carcecía de sustento y los factores tomados en cuenta distaban de la realidad actual del país. Entre los demandantes están Fenalco y sectores afines a la empresa privada.
