Una de las actuaciones evidenciadas a través de las investigaciones del órgano de control considera posibles vínculos de socios de una empresa con estructuras delictivas.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como parte de una intervención sin precedentes, ordenó suspender las licencias de operación a cinco empresas de vigilancia y seguridad privada, con oficinas principales ubicadas en la ciudad de Barranquilla, por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente.
La decisión es el resultado de una serie de operativos de control adelantados por la Supervigilancia a las empresas Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda.
Las medidas fueron adoptadas con fundamento en los hallazgos preliminares y en el marco de las competencias legales de inspección, vigilancia y control que ejerce la entidad.
Las empresas intervenidas acumulaban un volumen considerable de actividad operativa en el país, con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores, y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, desplegados en distintas zonas de la Región Caribe, como los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.
Durante el procedimiento de intervención, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada requirió al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) para que, en el marco de sus competencias legales y en coordinación con las unidades policiales con jurisdicción en las zonas intervenidas, disponga la custodia provisional del armamento asignado a las empresas en calidad de portes y tenencias, hasta tanto se resuelvan de manera definitiva las medidas adoptadas.
En las actuaciones, se evidenciaron hechos preliminares de relevancia, que podrían comprometer la transparencia en la operación de las empresas, entre ellos:
- Presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, y utilización final al servicio de estructuras y actores criminales.
- Posibles vínculos de socios de una empresa con estructuras delictivas, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
- Eventuales omisiones en los controles aplicados en la selección del personal operativo, evidenciadas en la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.
- Probables omisiones administrativas, operativas y contables, incluyendo deuda acumulada desde 2013 con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.
Estas acciones se dan en cumplimiento de las directrices impartidas por el presidente de la República, Gustavo Petro, y hacen parte de la estrategia interinstitucional liderada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para el fortalecimiento del control de armas, con el propósito de prevenir la instrumentalización del sector de la vigilancia privada por parte de estructuras del crimen organizado.
La Policía Metropolitana de Barranquilla, bajo la dirección del brigadier general Edwin Urrego, ha acompañado los procedimientos y ha dispuesto los espacios físicos para la custodia provisional del armamento, garantizando condiciones de seguridad, transparencia y trazabilidad del armamento durante el proceso.
Por instrucciones del procurador general de la nación, Juan Gregorio Eljach Pacheco, las actuaciones adelantadas contaron con el acompañamiento de funcionarios de la Procuraduría, quienes actuaron como garantes del debido proceso, el respeto a las garantías procesales y la transparencia institucional durante el desarrollo de los procedimientos.
