El órgano de control precisó que estas actividades son “exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de sus funciones constitucionales”.
La Superintendencia de Vigilancia (Supervigilancia) emitió medida cautelar ordenando la suspensión inmediata de las actividades del frente de seguridad motorizado y armado en Sincelejo, Sucre, que generó gran polémica a nivel nacional por semejanzas en acciones que desencadenaron la organización de grupos paramilitares en el pasado.
La decisión de la Supervigilancia se dio luego de realizar una inspección a la empresa de seguridad privada Vipers Ltda, con la que el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, contrató los servicios de seguridad móvil y fija hasta diciembre de 2027 por la suma cercana a los 25 mil millones de pesos.
De acuerdo con el documento emitido por el órgano de control, la medida cautelar consiste en la suspensión inmediata de las actividades de patrullaje y todas aquellas que trasciendan a actividades exclusivas de la fuerza pública, relacionadas con restablecimiento, y/o conservación del orden público.
“Producto de la inspección adelantada, el Superintendente Delegado para el Control (E), en aras de salvaguardar la confianza pública y los derechos y libertades de la comunidad en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada emitió medida cautelar ordenando la suspensión inmediata de actividades de patrullaje y en general de todas aquellas que impliquen la conservación y restablecimiento del orden público, por tratarse de actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pÚblica en ejercicio de su misión constitucional”, declaró la Supervigilancia.
Es de anotar que luego del malestar expresado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre el “frente de seguridad”, afirmando “que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo”, el alcalde de la capital de Sucre había manifestado que la implementación de la acción estaba amparada por la ley y que la función de los motorizados contratados era brindar seguridad y vigilancia a las obras y escenarios públicos de la ciudad.
“Lo primero que hay que recordarle al señor ministro es que el decreto 356 del año 1994 establece las modalidades de los servicios de vigilancia y una de las modalidades es la vigilancia móvil que se presta a través de vigilancia móviles o cualquier otro medio con el objeto de la protección personal de los bienes muebles o inmuebles. Más adelante ese mismo decreto, establece también en su artículo 73, el objetivo de la vigilancia y seguridad privada con la finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada que lo que busca es disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o los derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección”, había respondido el alcalde Yahir Acuña.
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“Aclaramos que la vigilancia móvil que se presta en el municipio de Sincelejo está al servicio de los cerca de 50 parques y obras públicas, y que esta debe prestarse tal y como lo dice el contrato suscrito (…) donde se establece que, bajo ninguna circunstancia, se podrán invadir las funciones y competencias de la Policía Nacional y demás autoridades”, agregó el mandatario.
Redacción: Luis Ángel Terán
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