La Corte Suprema de Justicia remitió la solicitud al Congreso de la República para que tome una decisión al respecto.
A pesar de estar privado de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el congresista electo Wadith Alberto Manzur Imbet solicitó formalmente ser trasladado temporalmente bajo custodia para posesionarse como senador el próximo 20 de julio.
Su abogado presentó un derecho de petición ante la Corte Suprema de Justicia, que evitó pronunciarse y remitió el caso al Senado para que defina si es viable la posesión.
El representante a la Cámara por Córdoba, del Partido Conservador, resultó elegido senador en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 con más de 129.000 votos, convirtiéndose en una de las figuras más votadas de su colectividad. Sin embargo, el 11 de marzo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de cohecho impropio.
Actualmente, Manzur se encuentra recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, mientras avanzan las investigaciones.
A través de su apoderado, el abogado Francisco Araújo, Manzur radicó un derecho de petición en el que argumenta que la medida de aseguramiento preventiva “no puede traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos” derivados del voto popular. La defensa invoca la presunción de inocencia y solicita que se autorice un traslado temporal bajo custodia estricta para materializar el acto de posesión el 20 de julio, o que se aclare si existe alguna inhabilidad que impida el ejercicio del cargo sin una sentencia condenatoria en firme.
En un oficio de 10 páginas, la Corte Suprema indicó que no tiene competencia consultiva para resolver actos oficiales futuros y trasladó la solicitud a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado a cargo de Lidio García. El alto tribunal recordó que, conforme al artículo 359 de la Ley 600 de 2000, corresponde a la autoridad competente (en este caso el Senado) definir la suspensión o no del ejercicio del cargo.
Este no es el primer caso similar en el escándalo UNGRD. La representante Karen Manrique, también enviada a prisión preventiva el 12 de marzo, recibió su credencial como congresista el 16 de marzo a través de su esposo, Gustavo González Ruiz, mientras cumple medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
El caso Manzur revive el debate sobre la figura de la “silla vacía” y las inhabilidades por corrupción. La defensa sostiene que, sin condena ejecutoriada, no procede la pérdida de derechos políticos, mientras que la Sala de Instrucción ya lo vinculó al esquema de presuntos sobornos a cambio de apoyo a proyectos del Gobierno en la comisión de crédito público. Exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, lo mencionaron en sus declaraciones como uno de los congresistas que habrían recibido beneficios económicos.
El Senado tendrá que determinar si Manzur podrá asumir su curul en el periodo 2026-2030 o si se aplicará alguna restricción derivada de su situación judicial.
