El líder del Partido Libertad Popular salió ileso del atentado. La Policía peruana adelanta las investigaciones.
El espectro político peruano se ha sacudido este martes 2 de diciembre, tras conocerse el intento de asesinato contra el precandidato presidencial por el Partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa.
El ataque armado fue perpetrado por sicarios en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, al sur de Lima. La acción criminal ocurrió en plena víspera de la oficialización de candidaturas para las elecciones generales de abril de 2026 y ha sido calificada por autoridades y líderes políticos como un “mal augurio” para la democracia y un reflejo de la escalada de la violencia delictiva en el país.
Belaúnde, empresario y figura de la derecha liberal, se desplazaba en su camioneta particular por una trocha cercana al asentamiento humano Puente Tabla, en terrenos de su propiedad donde supervisaba actividades laborales relacionadas con sus emprendimientos agroindustriales. Según el testimonio del propio precandidato y el alcalde de Cerro Azul, José Luis Paín, dos sujetos en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon al menos cuatro veces contra el parabrisas frontal, con la aparente intención de neutralizar al conductor.
Los impactos causaron la rotura del vidrio, dejando a Belaúnde con cortes menores en el rostro por los fragmentos, y manchas de sangre en su camisa, aunque no resultó herido de gravedad. El chofer, quien viajaba con él, tampoco presentó lesiones serias, aunque se evalúa si recibió rozaduras por los disparos.
Inmediatamente después del atentado, Belaunde acudió a la comisaría de Cañete para interponer la denuncia correspondiente, donde conversó con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). El comandante general, Óscar Arriola, confirmó la activación del “Plan Cerco” en la zona para capturar a los responsables y señaló que peritos de balística analizan los casquillos recolectados en la escena.
“Se disparó directamente contra el conductor, lo que indica una intención clara de eliminarlo”, advirtió Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), quien enfatizó que el móvil podría estar ligado a la creciente actividad de bandas criminales en la región, aunque no se descarta un trasfondo político.
