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“Si el presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos a las instancias judiciales”: Efraín Cepeda

El presidente del Senado dijo que convocar la consulta popular por decreto “representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes”.

Las declaraciones del ministro del Interior Armando Benedetti sobre la posibilidad de que se radique la consulta popular vía decreto, al sentenciar que “el Senado de la República no se ha pronunciado”, ha causado malestar y críticas entre los congresistas que el pasado 14 de mayo respaldaron el hundimiento de la iniciativa.

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El presidente del Senado, Efraín Cepeda, defendió la decisión adoptada hace algunas semanas por la mayoría de la plenaria y sostuvo que las declaraciones del ministro Benedetti constituyen una amenaza a la democracia y a la separación de poderes.

“El Gobierno nacional anunció que, de no aprobarse la consulta popular antes del 1 de junio, la convocará por decreto, desconociendo la decisión del Senado, que el 14 de mayo la rechazó mediante una votación legal y válida. Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial“, señaló en principio el presidente de la Cámara Alta.

Seguidamente recalcó que el Congreso de la República no permitirá “que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales”, agregando que el rechazo de la consulta popular en el Senado fue legal y viable.

Si el presidente (Petro) emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia“, aseveró Cepeda Sarabia, quien remató su intervención indicando: “No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo”.

Este escenario pone de manifiesto un nuevo choque entre el poder Ejecutivo y el Legislativo a causa de la reforma laboral, un proyecto que se engavetó, revivió y hoy fluye por un camino incierto.

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