El hombre también habría arremetido contra la periodista María Antonia García de la Torre.
El Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá determinó una pena de seis años de cárcel para Ariel Ortega, el hombre que amenazó de muerte a través de Twitter a los periodistas María Antonia García, Daniel Samper Ospina y al caricaturista Julio César González, más conocido como ‘Matador’, por medio de mensajes en los años 2017 y 2018.

Adicional, a Ortega se le impuso una multa por 29.67 salarios mínimos y la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal.
El hombre fue capturado por Unidades del CTI de la Fiscalía en el año 2018, luego que el ministro de Justicia, Luis Carlos Villegas ordenara adelantar las investigaciones pertinentes por lo mensajes que atentaban contra la vida de estas personas.
He ordenado a @PoliciaColombia investigar amenazas de muerte
— Mindefensa (@mindefensa) April 3, 2018
que a través de redes ha recibido @matadoreltiempo. Hablaré con él personalmente. Quienes se esconden en un teléfono o computador para estorbar la libre expresión también deben recibir el peso de la ley: #LCVillegas
La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP se pronunció sobre el tema. “El juzgado consideró que las declaraciones de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública, pues los mensajes en Twitter fueron utilizados como una herramienta de intimidación a la prensa“.
De igual forma, la Fundación mencionó que para el togado que llevó el caso, “es reprochable que Ortega haya hecho alusión a las AUC para intimidar a periodistas y consideró que la amenaza es especialmente grave porque el Estado tiene la obligación de asegurar la libertad de expresión y, en una democracia, los periodistas ejercen este derecho de manera continua, estable y reiterada”.
Para el juzgado, los mensajes de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública. Además, consideró reprochable que Ortega hubiera hecho alusión a las AUC y consideró la amenaza especialmente grave por la obligación del Estado de asegurar la libertad de expresión.
— FLIP (@FLIP_org) October 14, 2021