El gremio sostiene que la ausencia de una solución estructural afecta la cadena de pagos del sector, compromete la liquidez de múltiples agentes y aumenta los riesgos para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
La posibilidad de una liquidación de Air-e encendió las alarmas en el sector energético colombiano. A través de un pronunciamiento conjunto, algunos de los principales gremios de energía, gas y servicios públicos del país cuestionaron el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro sobre el futuro de la empresa intervenida y pidieron que cualquier decisión esté sustentada en criterios técnicos, financieros y jurídicos que garanticen la continuidad del servicio y la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
En un comunicado firmado este 18 de junio de 2026 por Andesco, Naturgas, Acolgen, Andeg, Asocodis, SER Colombia y ACP, los gremios advirtieron que una decisión acelerada sobre Air-e podría generar efectos que trascienden el Caribe colombiano y comprometer el funcionamiento de toda la cadena energética del país.
Según el documento, el servicio de energía en la región Caribe y el abastecimiento de gas natural son considerados asuntos estratégicos para Colombia. Por ello, sostienen que cualquier medida relacionada con Air-e debe evaluarse bajo criterios de sostenibilidad y continuidad operativa, especialmente cuando el país enfrenta retos asociados al abastecimiento energético y al fenómeno de El Niño que, según señalan, tendría incidencia durante los próximos meses.
Uno de los puntos que más preocupa al sector es el peso que tiene actualmente Air-e dentro del mercado energético. De acuerdo con las cifras expuestas por los gremios, la compañía atiende aproximadamente el 11,3 % de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a $2,7 billones con agentes del mercado eléctrico.
De ese monto, indican, alrededor de $1,7 billones corresponden a generadores térmicos, actores que además participan en el suministro del gas natural requerido por el sistema energético nacional. Bajo esa lectura, una eventual interrupción o incertidumbre sobre el manejo financiero de Air-e podría afectar la cadena de pagos del sector, comprometer la liquidez de otros agentes y elevar riesgos sobre la confiabilidad del sistema eléctrico.
El documento también pone el foco sobre el mecanismo actual bajo el cual opera la empresa: la toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para los firmantes, esta figura jurídica no debe interpretarse automáticamente como un paso hacia la liquidación, sino como una etapa temporal orientada a estructurar una solución empresarial que permita garantizar el servicio, responder por las obligaciones existentes y evitar impactos mayores.
En esa línea, los gremios sostienen que antes de avanzar hacia una eventual liquidación deben agotarse todos los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para encontrar una salida empresarial viable. Advierten que proceder sin una estructura clara para asumir pasivos y asegurar operación podría desnaturalizar los objetivos de la intervención estatal y generar riesgos adicionales para el sistema.
Otro de los cuestionamientos centrales del comunicado apunta a la falta de definiciones públicas sobre el camino que seguiría la prestación del servicio en los departamentos donde opera Air-e: Atlántico, Magdalena y La Guajira. Los gremios afirman que, pese a las propuestas entregadas por el sector, hasta ahora no se ha dado a conocer una solución empresarial concreta ni mecanismos financieros desde el Fondo Empresarial de la Superintendencia que permitan garantizar la operación y el pago de las obligaciones de la empresa intervenida.
Además, solicitaron que los organismos de control ejerzan vigilancia preventiva y acompañamiento al proceso para asegurar que cualquier determinación preserve el suministro de energía eléctrica y gas natural para los usuarios.
Como mensaje final, las organizaciones reiteraron su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno nacional, la Superintendencia y los actores del sector para construir una salida que califican como “estructural, ordenada y sostenible”.
El pronunciamiento deja una advertencia de fondo: para el sector energético, el debate sobre Air-e ya no se limita al futuro de una empresa intervenida, sino que abre una discusión más amplia sobre la capacidad del país para mantener la confianza, la estabilidad financiera y la continuidad del servicio en uno de los sistemas más sensibles para la economía nacional.
