La madre de la menor denunció que su hija, quien tiene movilidad reducida, era “dejada sola en el salón de clases durante extensas jornadas”.
Indignación causó a muchos ciudadanos el caso de una menor de edad, estudiante del Instituto Técnico Nacional de Comercio, en Barranquilla, que debido a su movilidad reducida, al parecer, era dejada sola al interior de un salón de la institución mientras sus compañeros recibían clases de Educación Física o disfrutaban del recreo debido a que “no había cómo movilizarla hacia otras zonas”.
La denuncia la hizo Lina Manrique, madre de la menor, quien indicó que su hija de 12 años de edad tiene una discapacidad motriz. Luego de conocerse el hecho a través de redes sociales, el Distrito indicó que rechaza “cualquier acto o mala práctica que atente contra el bienestar emocional, integridad física y la prestación de servicios institucionales”.
Por ello, se realizó una visita domiciliaria a la estudiante para iniciar el proceso de atención y acompañamiento desde la Secretaría de Educación, la cual anunció que se brindará apoyo psicosocial tanto a la menor como a su familia y se garantizará su derecho a una educación de calidad e integral.
Paola Amar, secretaría de Educación de Barranquilla, indicó: “A partir del conocimiento que tuvimos del caso se llamó a la directiva del Instituto Técnico Nacional de Comercio para conocer la situación que se había manifestado por redes sociales, entendiendo qué era lo que había pasado y cuáles eran las acciones que había tomado el colegio”.
Amar también señaló que se decidió “a través de la Oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación abrir una investigación disciplinar frente a los actos cometidos”.
🔵Información importante.
— Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) April 7, 2024
Sobre el caso de la estudiante con movilidad reducida del Instituto Técnico Nacional de Comercio, la Alcaldía de Barranquilla se permite informar a la opinión pública que: pic.twitter.com/ACiIrt01qP
Por su parte, la Asociación de Educadores del Atlántico rechazó los señalamientos contra la institución: “No es culpa de los maestros y maestras y sí de las políticas públicas de las que se les sustrae que haya inclusión sin condiciones para la misma. La Secretaría, primera garante de los derechos de accesibilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, debería vigilar, por ejemplo, desde la fase de elaboración de planos que las Instituciones Educativas cumplan con normas técnicas como la 4595 y que se garantice como mínimo rampas (…). La operatividad de ascensores que nunca cumplieron su cometido y que hoy son trampas mortales y elefantes blancos sin ningún sentido diferente al enriquecimiento de contratistas”.
