En medio de la audiencia, la juez dejó en firme la decisión de que la exconsejera presidencial para las regiones seguirá recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía.
Este viernes 24 de enero, se desarrolló la última diligencia de imputación de cargos contra la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, una de las involucradas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
En medio de la audiencia, la juez 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó la decisión de mantener privada de la libertad a Sandra Ortiz, quien había solicitado que se le concediera detención domiciliaria. De este modo, la procesada deberá continuar afrontando el proceso penal desde la guarnición de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.
Asimismo, la togada aseguró que la Fiscalía General de la Nación demostró que sí había duda razonable en la la actuación de Ortiz y los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por el caso de la UNGRD.
Posteriormente, el ente acusador radicó escrito de acusación (llamado a juicio) por los delitos antes mencionados.
“Los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, transportado y entregado la suma al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez. Los dineros corresponderían al pago de coimas”, expresó la Fiscalía.
Las autoridades judiciales han enfatizado que las pruebas en contra de Ortiz Nova incluyen testimonios, documentos financieros y registros de comunicaciones que sustentan la hipótesis delictiva. Por su parte, la Fiscalía ha reiterado su compromiso de avanzar en la investigación para esclarecer completamente los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
