El mandatario señaló que el órgano electoral no puede darle garantías a su proyecto político en las próximas elecciones.
Una tormenta política ha desatado la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de imponer una multa millonaria a la campaña presidencial “Petro Presidente 2022”, que llevó al actual mandatario Gustavo Petro al poder, por superar los topes de gasto electoral en más de 5.300 millones de pesos y recibir “aportes prohibidos”.
La decisión, adoptada con una votación de 6-3, ha encendido las alarmas en actual Gobierno nacional, el petrismo y la izquierda política, a solo un año de las elecciones de 2026, profundizando la brecha existente con la oposición.
En un fallo histórico, el tribunal electoral determinó que la campaña excedió los límites legales en 3.700 millones de pesos durante la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda, además de omitir reportes de aportes de sindicatos y partidos políticos. La resolución, impulsada por los magistrados ponentes Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada tras un informe de más de 500 páginas, impone sanciones solidarias a tres figuras clave: Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, deberá pagar cerca de 6.000 millones de pesos; junto a la tesorera Lucy Aydée Mogollón y la auditora María Lucy Soto, en una multa total superior a 5.900 millones de pesos (aproximadamente 1,5 millones de dólares). Además, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP) enfrentan multas por financiamiento irregular.
El proceso, que duró más de dos años, se basa en inconsistencias detectadas desde 2023 por Transparencia por Colombia, que alertó sobre 9.500 millones de pesos en gastos reportados sin respaldo equivalente en ingresos. “Esta decisión constituye un precedente histórico para el sistema de control y fiscalización del financiamiento político en Colombia”, afirmó el órgano electoral en un pronunciamiento, subrayando la necesidad de auditorías más robustas.
Rechazo inmediato del presidente: “No aceptamos esa decisión administrativa”
Gustavo Petro no tardó en reaccionar. En una serie de publicaciones en X (anteriormente Twitter), el presidente calificó el fallo como un acto de “persecución política” orquestado por la oposición, asegurando que controla el CNE mediante cuotas partidistas.
“NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada. Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”, declaró inicialmente Petro.
Luego, en otra publicación, el presidente escaló sus críticas al señalar al conjuez Majer Nayi Abushihab, cuyo voto fue decisivo, como “el abogado de Fico” y parte de una “cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez”. Además, afirmó que su frente político no tiene garantías para las próximas elecciones.
“Que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable. El CNE no puede ya darnos garantías electorales. Sanciona mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia. Ninguno de los puntos que llaman sobretopes y, en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa, son sobretopes”, sostuvo.
Insistió que su campaña fue transparente y decente, “sin trampas”, reiterando que la clase política tradicional busca retomar el poder mediante el desprestigio y la persecución. En ese sentido y sin vacilar, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Ahora con trampas la oligarquía y las mafias buscan recuperar el poder. El pueblo decidirá si vuelve a la gobernanza paramilitar o vamos pa’lante a una Colombia Libre de mafias e injusticias La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca y necesita su firma y mayorías en el Congreso”, puntualizó.
La vicepresidenta Francia Márquez respaldó al mandatario, describiendo la sanción como un intento desesperado de la oposición por “detener la continuidad del cambio”. “Señores de la oposición, el pueblo despertó y entiende que todo esto es para impedir que en las próximas elecciones el cambio continúe”, declaró en X.
Oposición exige consecuencias mayores tras el fallo
El espectro opositor, en contraste, aplaudió la decisión y la usó para cuestionar la legitimidad del Gobierno. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) fue una de las voces más contundentes: “Gustavo Petro rompió los topes electorales en su elección a presidente y la Constitución es absolutamente clara: quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución”.
Similarmente, la precandidata presidencial Vicky Dávila tildó la violación de topes como “corrupción” y afirmó que “Petro llegó así a la presidencia y así ha gobernado”.
María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, exigió la destitución inmediata de Petro, mientras que el partido UP –aliado del Gobierno– rechazó el fallo como “un acto político contra la democracia” que atenta contra los derechos del Pacto Histórico.
La sanción no implica la destitución automática de Petro, ya que el artículo 194 de la Constitución reserva esa sanción para casos probados de fraude electoral grave. Sin embargo, abre la puerta a investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y posibles demandas ante el Consejo de Estado, donde la campaña podría solicitar la nulidad del fallo.
