La entidad acusó intervención indebida por parte de contratistas públicos, quienes obstaculizaron la diligencia judicial.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) denunció que un intento de desalojo de un predio incautado a un presunto cabecilla de la banda criminal los Costeños fue frustrado por la intervención de contratistas públicos de la Personería de Barranquilla, lo que impidió recuperar el inmueble para la administración del Estado.
El predio en cuestión es la finca Villa Laurita, ubicada en el corregimiento de Caracolí, municipio de Malambo (Atlántico), con una extensión aproximada de 28 hectáreas. Este bien fue declarado en extinción de dominio y entregado a la SAE el 23 de marzo de 2023, tras un fallo judicial, por estar a nombre de Omar Alexander Ladino Vargas, alias Portafolio.
Según la Fiscalía General de la Nación, alias Portafolio es señalado como cabecilla y líder financiero de la estructura delincuencial los Costeños, una de las bandas con mayor presencia en el área metropolitana de Barranquilla y el departamento del Atlántico. Se le investiga por delitos como despojo forzado de tierras, enriquecimiento ilícito y otros asociados al crimen organizado. Actualmente, Ladino se encuentra privado de la libertad en una cárcel de Estados Unidos por delitos adicionales, luego de haber sido capturado y judicializado en Colombia en años anteriores.
Al llegar al inmueble para ejecutar el desalojo programado, funcionarios de la SAE encontraron que el predio estaba ocupado de forma irregular por familiares en primer grado de consanguinidad de alias Portafolio. Estos manifestaron ser población desplazada, lo que activó la necesidad de realizar una caracterización previa conforme a la normatividad vigente para proteger derechos de posibles grupos vulnerables.
La diligencia, que se extendió por más de ocho horas, no pudo culminar con éxito y fue reprogramada. La SAE destacó la presencia de un contratista de la Personería de Barranquilla quien actuó como defensor de los ocupantes, situación que la entidad califica como una intervención indebida que obstaculizó el procedimiento. Indicó la entidad que este hecho será puesto en conocimiento de los organismos de control y autoridades competentes para que se inicien las investigaciones correspondientes.
En un comunicado emitido el 23 de enero, la SAE rechazó “cualquier tipo de intervención indebida de contratistas o servidores públicos que pueda obstaculizar el cumplimiento de la ley o favorecer la ocupación irregular de bienes administrados por la entidad”. La entidad reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la recuperación efectiva de activos afectados por el crimen organizado, con el objetivo de ponerlos al servicio de los colombianos.
