Quien fue campeón de la Vuelta a España en 1987 ya habría aceptado que tuvo acercamientos con paramilitares para que desaparecieran a cuatro vecinos de su finca en Cundinamarca.
Por: Iván Peña Ropaín.
A la sede de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, la gloria del ciclismo colombiano Luis Alberto Herrera Herrera, más conocido como “Lucho” Herrera, acudió en compañía de sus abogados Iván Cancino y Marlon Díaz para reanudar la indagatoria del proceso en su contra por la desaparición forzada de cuatro campesinos en el municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, el 23 de octubre de 2002.
En medio de la diligencia, el jurista Cancino afirmó que se han recopilado pruebas que demuestran que quien dejara en alto la bandera de Colombia al ganar la Vuelta a España 1987 no se alió con paramilitares, sino que, por el contrario, fue su víctima.
Indicó que, más que ser en contra de su defendido, esta diligencia judicial es a favor de él, por su condición de afectado: “Esta indagatoria es a favor de él (Lucho) y a favor de las víctimas, porque aquí realmente lo que interesa es que se aclare rápidamente que ni Rafael ni Luis Alberto tuvieron nada que ver con estos hechos y que las víctimas de esta horrible situación puedan encontrar rápidamente a los responsables. Así que venimos con toda la intención de colaborar, de practicar la prueba y, realmente, de que las víctimas puedan enfocar su camino hacia los verdaderos responsables”.
Por su parte, el ente acusador precisó: “Ahora, en los términos establecidos por la Ley 600 de 2000, la Fiscalía General entrará a definir la situación jurídica de los procesados”, refiriéndose en plural porque el hermano del expedalista, Rafael Herrera, también fue vinculado en este caso en el que se busca llegar a la verdad y determinar si los dos indiciados se aliaron con paramilitares en Cundinamarca con el fin de desaparecer a cuatro vecinos de sus fincas en el municipio de Fusagasugá, para apropiarse de sus tierras.
El acto judicial se reanudó luego de que la nueva defensa del exdeportista de 64 años, como se recordará, tras la renuncia de la anterior, había solicitado un nuevo aplazamiento debido a trámites correspondientes al proceso de formalización de sus nuevos representantes, los penalistas Cancino y Díaz.
Ante ello, le notificaron como ultimátum al exdeportista cundinamarqués y a sus juristas este 10 de abril para que se presentara sí o sí a la diligencia ante la Fiscalía General, en la que le notificarían formalmente el delito por el que es investigado: desaparición forzada.
Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diuviseldo Torres, quienes habrían sido asesinados por miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). No obstante, en versiones conocidas por la justicia colombiana, alias Ojitos, exintegrante de las ACC, habría relatado que todo habría sido un artilugio de Lucho, cuyo objetivo era apropiarse de los predios de los citados campesinos en Fusagasugá.
