Rectores de algunas instituciones privadas no están conformes con el pago de impuestos como contratistas.
Rectores de las instituciones educativas privadas del municipio de Malambo, que atienden la matrícula contratada por el municipio, protagonizaron la mañana del viernes una protesta por las calles del municipio con le fin de llamar la atención de la secretaría de Educación sobre diferentes inquietudes.
Tras llegar a la sede de la Administración Municipal y sostener una extensa reunión con la secretaria de Educación y demás asesores de la Alcaldía levantaron la protesta que originó la suspensión del servicio educativo, y acordaron seguir las conversaciones con la Gobernación departamental y su secretaria del sector Educación.
Everth Bolívar, asesor de la Secretaría de Educación del municipio, aseguró que la mayor inquietud de los rectores está relacionada con el pago de estampillas que ellos como contratistas del municipio están en la obligación de cancelar.
Los rectores consideran que por ser ellos prestadores del servicio educativo oficial no deberían hacer ese aporte. Sin embargo, Bolívar explicó que el pago del aporte por concepto de estampillas es una norma ordenanza y que es de obligatorio cumplimiento por parte de quienes son titulares de un contrato de prestación de servicios como en efecto lo son los rectores de los centros educativos privados.
En la reunión se acordó llevar el tema de discusión a instancias del departamento y este jueves se reunirán con funcionarios de las secretarías de Hacienda y Educación del Atlántico para despejar más dudas.
Antes de la reunión, mientras los docentes protestaban, la secretaria de Educación del Municipio, Elizabeth Castro, declaraba a periodistas que por ser la Educación un derecho fundamental, los rectores estaban incurriendo en falta disciplinaria al suspender las clases y llevar a los niños a la marcha callejera.
Explicó la funcionaria que por disposición del Gobierno nacional los municipios están en la obligación de atender a la mayor parte de la población en edad escolar y que si el número de docentes permitidos está por debajo de la capacidad de atención por mayor población de estudiantes dentro del sistema, se debe contratar el servicio educativo con operadores privados, es decir con colegios de este último sector.
En este sentido, al convertirse los rectores en contratistas del Estado están obligados a pagar los impuestos a que haya lugar, y de ahí que el pago de las estampillas departamental hagan parte de este proceso.
Así las cosas, para que un rector pueda acceder al pago de su servicio debe presentar la documentación requerida que incluye los paz y salvo correspondientes a la cancelación de las estampillas departamentales. De no presentarse este requisito, el municipio no puede hacer el desembolso del recurso por el servicio prestado, que en suma es lo que originó que los rectores se tomaran las vías de hecho.
Luego de la reunión, y tras habérseles explicado los pormenores de la norma ordenanzal, los rectores reconocieron no haber tenido problemas antes con el pago de las obligaciones por parte de la Administración Municipal y abandonaron la sede de la alcaldía.
