La institución permanece cerrada desde hace 8 días por presunto riesgo a la seguridad.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Alcaldía de Santa Marta, para que garanticen el normal funcionamiento de la Registraduría de esa ciudad, la cual permanece cerrada desde hace 8 días tras orden del registrado nacional, Alexander Vega Rocha, al considerar que las manifestaciones del partido Fuerza Ciudadana significaban un riesgo para la seguridad de los funcionarios.
Según el Ministerio Público, esta solicitud se hace en el marco de que desde el pasado 2 de octubre se interrumpiera la atención en esta institución por la presunta amenaza de toma de instalaciones, después de que miembros del partido Fuerza Ciudadana se acercaran a la sede de la entidad exigiendo que aceptaran la acreditación de Jorge Agudelo como candidato a la Alcaldía de la capital del Magdalena en reemplazo de Patricia Caicedo, a quien el CNE le revocó su candidatura.
“Ese mismo día y hasta la media noche, no se le permitió salir a los funcionarios de las sedes en Santa Marta, quienes fueron amenazados, intimidados y presionados por parte de las autoridades locales, candidatos del partido Fuerza Ciudadana y militantes del mismo para inscribir dicho cambio de candidatura”, informó en su momento la entidad.
Ante esta situación, la alcaldesa Virna Johnson, ha sido insistente en asegurar que se han brindado las garantías a la institución y además que “no ha existido ningún acto de vandalismo ni existe ningún informe de Policía o Fiscalía sobre amenaza a la seguridad de la Registraduría”.
En ese sentido, en las últimas horas el registrador Alexander Vega informó que a partir de este martes 10 de octubre, la sede de la Registraduría en Santa Marta dará apertura nuevamente para cumplir con las distintas funciones que le ameritan.
“La reapertura se hará en virtud al apoyo ofrecido por la fuerza pública para garantizar la vida e integridad de los funcionarios y la ciudadanía”, dijo Vega Rocha.
Este cierre parcial de la Institución había creado confusión y descontento entre los samarios, quienes alegaban que les estaba afectando en acceso a diligencias fundamentales como la identidad, fe pública registral, y su participación en el proceso electoral.
