Procuraduría se opone a la rebaja de penas para abusadores de niños: “La justicia debe ser proporcional”

Para Christian Wolffhügel, procurador delegado ante la JEP, “rebajar las penas como incentivo podría interpretarse como una forma de reducir la gravedad percibida de crímenes tan severos”.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su oposición frente a la propuesta de rebaja de penas en delitos sexuales, incluida en el Proyecto de Ley 281 de 2024, actualmente en debate en el Congreso de la República.

“Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (…) En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”, señala el proyecto de reforma.

Durante la audiencia pública de la reforma a la justicia, Christian Wolffhügel, procurador delegado ante la JEP, llamó la atención por las posibles consecuencias que esta medida podría tener para la protección de las víctimas de violencia sexual y el adecuado funcionamiento del sistema penal.

“La Procuraduría encuentra que la exposición de motivos no logra justificar la razón por la cual se va a aplicar hacia futuro esa rebaja, por ejemplo, se aduce que con la posibilidad de rebajar la pena los procesos serán más ágiles y no va a haber prescripción, este argumento no es de todo cierto, en la medida en la cual hoy en día la ley cuenta con herramientas para agilizar los procesos y no depender exclusivamente de que alguien acepte los cargos para que el proceso pueda avanzar”, indicó.

Wolffhügel explicó que ya existen herramientas que permiten a los jueces acelerar los procesos judiciales, añadiendo que el sistema de justicia contempla mecanismos de “justicia premiada” a través de la aceptación de cargos, cuando se evita la exposición prolongada al estigma del juicio penal.

“Hoy en día, a pesar de no existir la rebaja de pena en estricto, vemos que agresores de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo en el tema sexual, aceptan los cargos porque si bien es cierto no hay una rebaja de pena, sí eliminan el proceso penal y es una ganancia en términos procesales para ellos”, dijo.

Para el ente de control la posibilidad de rebajar penas no garantiza una agilización de los procesos judiciales ni evitará la interposición de recursos.

El procurador delegado ante la JEP insistió en que rebajar las penas como incentivo podría interpretarse como una forma de reducir la gravedad percibida de crímenes tan severos como el abuso sexual, lo que afectaría la confianza en el sistema de justicia y en la protección de las víctimas. También cuestionó si la rebaja de penas realmente mitigará la impunidad.

Por su parte, Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, quien apoya la iniciativa de la rebaja de pena ha argumentado: “Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (…) En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos 351, 352, 356-5 y 367 del Código de Procedimiento Penal”.

Buitrago señaló: “La reflexión es a un tema de impunidad y de protección real a los niños, niñas y adolescentes en todos los entornos. La reforma no pretende dar beneficios, ya que están prohibidos para esta clase de delitos; es decir, no hay libertad condicional o libertad provisional. Lo único que se quiere es decirle al agresor que se le dará una rebaja mínima, pero que de todos modos va a pagar una pena, se le va a imponer una sanción y debe aceptar el delito para llegar a una condena”.