El Ministerio Público requiere información a AIR-E y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para establecer las condiciones jurídicas, financieras y patrimoniales bajo las cuales fue estructurado y suscrito el negocio.
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas alrededor de un millonario contrato suscrito por Air-e Intervenida con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), mediante el cual se gestionarían recursos de hasta $1 billón para ejecutar proyectos de renovación, expansión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La operación tendría una vigencia de 60 meses, con una tasa de financiación del 5,2 % efectivo anual y un período de gracia de un año a partir de la entrada en funcionamiento de las obras. Por el tamaño y duración del negocio, el Ministerio Público decidió iniciar un seguimiento preventivo para conocer en detalle cómo fue estructurado y qué implicaciones podría tener para la empresa de energía.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con las condiciones bajo las cuales se concretó el acuerdo. La Procuraduría solicitó información tanto a Air-e como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para establecer si la negociación fue conocida previamente por el organismo de vigilancia y si, por tratarse de una empresa intervenida, era necesaria algún tipo de autorización para asumir las obligaciones.
El análisis también busca establecer qué impacto tendría la operación sobre las finanzas de Air-e. Entre los puntos que serán revisados están el nivel de endeudamiento, el flujo de caja, la capacidad de pago, las garantías y las fuentes previstas para responder por los compromisos adquiridos. Para ello, el Ministerio Público pidió los estudios técnicos, jurídicos, financieros y de riesgos que sirvieron como soporte para la negociación.
Pero la preocupación no se limita a los números. La Procuraduría también quiere conocer cuáles son exactamente los proyectos que recibirían los recursos, cuánto costarán y bajo qué criterios fueron priorizados. Además, se evaluará si estas inversiones realmente se traducirán en una mejor calidad, continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico y cuál podría ser su efecto sobre las tarifas que pagan los usuarios.
El Ministerio Público aclaró que su actuación no significa cuestionar la necesidad de invertir en la infraestructura eléctrica del Caribe, una región que requiere obras para mejorar el servicio. El objetivo es determinar que una operación de esta magnitud proteja el patrimonio de Air-e y no termine afectando su sostenibilidad ni la prestación del servicio a más de 1,3 millones de usuarios. Tanto Air-e como la Superintendencia deberán entregar la documentación solicitada dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de las comunicaciones.
