“No se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios”, argumentó el Ministerio Público.
Este miércoles 19 de junio el Consejo de Estado lleva a cabo la audiencia de pérdida de investidura contra 9 congresistas del partido Centro Democrático y uno del partido Liberal, bajo la causal de que habrían hecho aportes económicos a la denominada “vaca por Antioquia” con la que se buscaba crear un fondo común para terminar las vías 4G de ese departamento.
Quienes comparecen en la diligencia son los senadores del Centro Democrático María Fernanda Cabal; Paloma Valencia; Miguel Uribe Turbay; Esteban Quintero Cardona; Andrés Felipe Guerra; Paola Andrea Holguín; Juan Fernando Espinal; Hernán Darío Cadavid, John Jairo Berrio y el representante del partido Liberal Julián Peinado.
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Una de las instituciones del Estado a las que se le corrió traslado de las pruebas obrantes en el expediente fue a la procuraduría General de la Nación, que a través del estudio realizado asentó su posición en pedir que se niegue la solicitud de pérdida de investidura de los congresistas señalados, argumentando que carece de presupuestos fácticos y jurídicos.
“Para esta Procuraduría delegada no se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para considerar que los congresistas demandados se encuentren incursos en la causal de la pérdida de investidura prevista en el artículo 183 numeral 1 de la Constitución Política de Colombia”, manifestó el procurador delegado.
Por lo anterior, la agencia del Ministerio Público solicitó al juez que se niegue la solicitud de pérdida de investidura por carecer de argumentos jurídicos disponibles ante lo que establece la Constitución.
Todos estos elementos y consideraciones deberán ser evaluados por el Consejo de Estado, quienes se encargarán de decidir si definitivamente los congresistas demandados pierden su curul en el legislativo o si esto no procede.
Vale la pena recordar que este llamado del Consejo de Estado surgió de la demanda presentada por Carlos Patiño, quien sostuvo que los legisladores incurrieron en una inhabilidad por haber hecho aportes económicos a la vaca por Antioquia que buscaba financiar las vías 4G de ese departamento, por iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón.
“El contrato de donación es un contrato con una entidad pública y, por tanto, se incurre en la prohibición del artículo 180-2 de la Constitución Política”, sostuvo el demandante.
Redacción: Luis Ángel Terán
