El ente de control también pidió que la primera dama no reciba viáticos, luego de estudiar una demanda.
En un concepto de 19 páginas, la Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que acabe con las “comisiones” y viáticos de la primera dama Verónica Alcocer, aduciendo que esta “no es servidora pública” y por tanto no puede recibir recursos públicos.
Esta decisión del ente de control se da tras una demanda recibida por el Tribunal y que es estudiada por el magistrado Luis Manuel Lasso, mediante la que se evalúa acabar con los gastos de la esposa del presidente y su comitiva por conceptos de viajes y demás.
Según la persona que interpone la demanda, el artículo 126 de la Constitución es claro en precisar que: “Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”
Bajo este precepto, el procurador 135 judicial para asuntos administrativos de Bogotá, Juan Carlos Villamil, expidió el concepto en el que indica que Alcocer esta inhabilitada para recibir dineros por conceptos de viáticos y comisiones.
“El señor presidente de la República infringió la normatividad vigente, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones expidió un Decreto en el que designa o nombra como Embajadora de Misión Especial a su esposa, Verónica Alcocer, persona con la cual está ligada por matrimonio o unión permanente”.
Así mismo, el Ministerio Público sostiene “declarar la nulidad del Decreto 0035 del 12 de enero de 2023, por medio del cual el señor presidente comisionó a la señora Verónica Alcocer como Embajadora en Misión Especial entre el 13 y 14 de enero de 2023 a la ciudad de Roma, Italia”.
Una vez se conoció la demanda, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República manifestó que se opone a las pretensiones de nulidad de la acción al considerar que “no se configura ninguna de las causales generales o específicas de anulación de actos administrativos y la argumentación subjetiva del demandante no se ajusta a la realidad”, mencionaron.
Es de anotar que este agitado y polémico asunto se da a raíz de una investigación en la que se divulgó que la primera dama tenía un séquito personal que le ha costado al Gobierno nacional cerca de 1.000 millones de pesos.
Informe: Luis Ángel Terán
