15 menores que integraban las filas del grupo guerrillero habrían sido dados de baja durante las acciones militares en Guaviare y Arauca.
La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales de vigilancia y control disciplinario de la conducta oficial, abrió de oficio cinco indagaciones preliminares destinadas a esclarecer si en las recientes operaciones militares (bombardeos) adelantadas contra estructuras criminales armadas se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Tal como es sabido, en estas operaciones resultaron muertos al menos quince menores de edad, circunstancia que exige un examen institucional exhaustivo, riguroso y objetivo.
El propósito de estas indagaciones es verificar si se observaron los principios del Derecho Internacional Humanitario que rigen la conducción de hostilidades, en especial los de precaución, humanidad y proporcionalidad, y así establecer si las autoridades actuaron conforme a los estándares internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza en contextos de conflicto armado.
La Procuraduría reitera que el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales constituye un grave crimen internacional, no susceptible de amnistía, repudiado por el ordenamiento jurídico colombiano y por la comunidad internacional.
“Las estructuras criminales tienen que admitir que no hay ninguna justificación válida para vincular niños, niñas y adolescentes a actividades de guerra, exponiéndolos consciente y premeditadamente a los riesgos propios de la misma y vulnerando de manera extrema sus derechos fundamentales”, señaló el Ministerio Público.
El ente disciplinario también pone de presente que el Derecho Internacional Humanitario reconoce que las Fuerzas Militares pueden adelantar operaciones ofensivas, incluso bombardeos, contra objetivos legítimos integrados por combatientes, aun cuando entre ellos se encuentren menores reclutados ilícitamente, pero que ello exige al Estado la máxima observancia de los principios de precaución y proporcionalidad, así como la adopción de todas las medidas factibles para minimizar el daño a la población especialmente protegida.
Las indagaciones preliminares se adelantarán con rigor, imparcialidad y celeridad, garantizando el respeto pleno del debido proceso, así como la articulación institucional necesaria para obtener toda la información relevante de carácter operacional, pericial y testimonial.
La Procuraduría reafirma, finalmente, su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la observancia estricta del DIH y con el control preferente que la Constitución le asigna para velar por la legalidad, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones de los servidores públicos.
