La nueva investigación se basa en la ejecución del sistema Integral de acueducto y alcantarillado para el corregimiento de Camarones.
La Procuraduría General de la Nación, endilgó nuevos cargos en contra de José Ramiro Bermúdez, actual alcalde de Riohacha, La Guajira, quien presuntamente habría cometido algunas irregularidades con la puesta en marcha del sistema integral de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones, proyecto que fue financiado con recursos de regalías por $7.481.132.237 millones de pesos.
La investigación que efectúa el ente de control precisa que desde el 14 de agosto de 2018, cuando se terminó y entregó la obra del acueducto y alcantarillado, este nunca habría sido puesto en funcionamiento por el alcalde del momento Juan Carlos Suaza, ni por su sucesor José Ramiro Bermúdez, y a la fecha la construcción se ha deteriorado y esta siendo desmantelada por delincuentes.
“Se constató que la geomalla textil de las lagunas de oxidación de la PTAR había sido hurtada y que la maleza estaba invadiendo la obra, de lo cual obran fotografías en el expediente”, señala un apartado de la acusación.
El Ministerio Público enfatizó que el proyecto perdió su derrotero bajo la administración del exalcalde Suaza, pues, para el 31 de diciembre de 2019, cuando culminó su mandato, el sistema que fue entregado el 18 de noviembre de 2018 aún no había entrado en funcionamiento, perjudicando a toda una comunidad con la falta de suministro del líquido vital, con la ausencia de un adecuado alcantarillado y con el posible despilfarro de los recursos del Estado.
No obstante, la formulación de cargos contra el actual mandatario José Ramiro Bermúdez se da porque el 1 de enero y hasta el 25 de mayo de 2021, posiblemente no realizó ninguna acción administrativa tendiente a garantizar el mantenimiento y operación del Sistema.
“Al verificar el estado de las obras construidas, estas no están prestando ningún servicio a la comunidad, se evidenció que las obras fueron entregadas, pero no se les tiene garantizados la operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo la funcionalidad y la sostenibilidad del proyecto”. agrega el documento” agrega el documento expedido por la Procuraduría.
La falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo, resalta que la presunta falta de los funcionarios administrativos se endilga al no ordenar directamente o contratar durante su mandato el servicio de mantenimiento del referido Sistema, perjudicando así a la comunidad.
