El Ministerio Público advierte que de comprobarse los hechos, se habría violado la legalidad del proceso de elección.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Paola Andrea Oñoro González, quien se desempeñó como personera municipal de Galapa entre 2020 y 2023, por presuntamente haberse posesionado en el cargo a pesar de estar legalmente inhabilitada para ejercerlo.
Según la investigación, Oñoro González habría incurrido en una falta al asumir el cargo teniendo un vínculo de parentesco con un concejal que participó en su proceso de elección. De acuerdo con el ente de control, la exfuncionaria sería prima de un excabildante del Concejo Municipal que intervino en la sesión extraordinaria del 10 de enero de 2020, donde manifestó su impedimento para votar debido a dicha relación familiar.
A pesar de este impedimento, la entonces personera habría suscrito una declaración juramentada en la que negó tener causales de inhabilidad, lo que le permitió posesionarse y ejercer como personera hasta mayo de 2022.
La Procuraduría indicó que, de comprobarse los hechos, se configuraría una vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que rige para los servidores públicos. El actuar de Oñoro González fue calificado de forma provisional como una falta gravísima, cometida a título de dolo.
Este proceso disciplinario busca determinar si la conducta de la exfuncionaria afectó la legalidad del proceso de selección y la confianza pública en las instituciones del Estado.
