Visitas conyugales en los mismos espacios que las familiares, escasez de agua e ingreso de cuchillos, entre los hallazgos del ente de control.
La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección al Centro de Traslado por Protección 1 y 2 de Santa Marta, donde son recluidas las personas privadas de la libertad (PPL), en calidad de indiciadas. Allí encontró serias irregularidades que están poniendo en riesgo la vida e integridad de PPL, guardianes y visitantes.
Fue una comisión del Ministerio Público la que ingresó durante la jornada de visitas y halló que los encuentros familiares, que incluyen la presencia de menores de edad, se realizan simultáneamente y en los mismos espacios con las visitas conyugales, en las cuales los privados de la libertad sostienen relaciones sexuales con sus parejas.
Otro de los descubrimientos denunciados por la Procuraduría es que los policías encargados de la guardia no cuentan con elementos de bioseguridad, (guantes, tapabocas y desinfectantes) para la revisión de las personas, alimentos y otros objetos que ingresan.
“Al interior del centro, que alberga a 248 hombres y 10 mujeres en un espacio cuya capacidad es para máximo 150 personas, los servidores de la Procuraduría encontraron conexiones eléctricas hechizas, con cables a la vista, que implican alto riesgo de incendio. También que no llega el agua a los inodoros del nivel superior, lo que genera insalubridad y riesgo de enfermedades por el agua empozada, que deben surtir en baldes y canecas”, señaló la entidad.
Adicionalmente, explicaron que entre las afecciones de salud detectadas, hay privado de la libertad infectados con VIH, afecciones en la piel y enfermedades respiratorias que, según denuncian ellos, no son valoradas por médicos antes de realizar nuevos ingresos, lo que pone en riesgo a toda la comunidad.
En cuanto a la alimentación, “el Ministerio Público halló deficiencias y recibió quejas de las PPL sobre la calidad de los alimentos, pero lo más grave es que por ausencia de implementos para la cocina, la guardia se ve obligada a permitir el ingreso de cuchillos, tenedores y otros elementos, que pueden terminar siendo usados como armas”, agregaron.
Frente a estos hallazgos, la Procuraduría Regional del Magdalena convocó una mesa de seguimiento en la que se reunirá con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Personería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía e Inpec, entre otras entidades, para buscar soluciones urgentes a esta crisis.
