Falta de estudios de mercado y garantías, las presuntas irregularidades que llevaron al ente de control a pedir la suspensión del nuevo esquema de expedición de pasaportes.
La Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la suspensión inmediata de los contratos que soportan la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia.
La medida cautelar busca frenar los efectos de los acuerdos suscritos entre la Cancillería (a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores), la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, por presuntas irregularidades graves en su estructuración y ejecución.
La petición, radicada hace exactamente una semana, fue presentada como medida preventiva mientras avanza la demanda de nulidad absoluta interpuesta por el Ministerio Público contra el convenio internacional. Según la Procuraduría, la continuación de estos contratos genera “graves riesgos para el patrimonio público y la prestación del servicio”, ya que implican giros por más de 1,3 billones de pesos a la entidad portuguesa.
El procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, ha argumentado que las irregularidades detectadas justifican la suspensión cautelar. Entre las anomalías señaladas se encuentran la ausencia de estudios previos de mercado que justifiquen la contratación directa; el hecho de que la Casa de la Moneda de Portugal opera como empresa privada en su país de origen y no como entidad pública extranjera; inconsistencias técnicas en las vigencias y procedimientos de pagos en moneda extranjera; y el rol de la Imprenta Nacional, que actuaría únicamente como intermediaria para la personalización de libretas, desnaturalizando la figura del convenio interadministrativo.
Además, el contrato tuvo que ser modificado dos veces en la última semana porque ninguna aseguradora privada aceptó asumir el riesgo, dejando sin garantías de cumplimiento exigidas por la ley.
“Siendo así, se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio”, señaló la Procuraduría en el documento radicado.
El convenio con Portugal se firmó para reemplazar al anterior operador, Thomas Greg & Sons, cuyo contrato fue suspendido en 2023. El nuevo modelo de pasaportes comenzó a implementarse oficialmente el 1 de abril de 2026, presentado por el Gobierno como un hito de “soberanía documental”. Sin embargo, la Procuraduría mantiene desde octubre de 2025 una demanda de nulidad que fue admitida por el Tribunal, aunque el Ejecutivo ha interpuesto recursos para frenar el proceso, argumentando falta de competencia del tribunal colombiano (el contrato establece arbitraje internacional) y que no se realizó conciliación extrajudicial previa.
Hasta el momento, el Gobierno ha logrado bloquear notificaciones a Portugal y mantiene que el proceso judicial no afecta la continuidad del servicio. La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la suspensión cautelar es inminente y podría tener impacto directo en la expedición de pasaportes a millones de colombianos.
La Procuraduría insiste en que su actuación busca proteger el interés público y evitar mayores afectaciones al erario, en un caso que acumula alertas de control desde hace más de un año.
