El jefe de Estado se declara como víctima de un plan orquestado para sacarlo del poder y asimismo menciona que a través de sus cartas, Leyva trasgrede su “honra presidencial”.
En un documento radicado por el abogado Alejandro Carranza, el presidente Gustavo Petro interpuso una denuncia penal contra el excanciller Álvaro Leyva por conspiración para delinquir, traición a la patria, calumnia e injuria.
Los hechos se relacionan con las cartas difamatorias que Leyva sacó a relucir públicamente para hablar de presuntos actos indebidos del presidente de la República en viajes que este hizo a Francia y Chile. Asimismo, se sujeta al supuesto plan que el excanciller estaba orquestando con sectores políticos de Estados Unidos para derrocar al presidente y sacarlo del poder.
“Las conductas de ÁLVARO LEYVA DURÁN, desde las cartas difamatorias que lesionan la honra presidencial hasta los audios que revelan un plan para desestabilizar el gobierno de GUSTAVO PETRO, constituyen una amenaza al orden constitucional, la soberanía nacional, y los derechos fundamentales del Presidente”, reza el documento.
El abogado Alejandro Carranza explicó detalladamente que el delito de conspiración y traición a la patria se sustentan en que Álvaro Leyva fue canciller del Gobierno Petro y, por ende, “no podía ir a un Gobierno extranjero a pedirles que hicieran presiones y ayudaran a provocar una ruptura constitucional”.
Sostuvo que no existen evidencias, más allá de la palabra del excanciller Leyva, de que el presidente sea un drogadicto, como muchos creen y anotaron tras las cartas divulgadas por el mencionado exfuncionario.
“Esas palabras han retumbado desde el exterior hacia adentro para tratar de crear una verdad repitiendo varias veces una mentira. Ese era el plan que se está denunciando el día de hoy, por eso se habla de una traición a la patria, porque configura, más o menos, una intención perfecta de causar ese daño”, declaró el defensor jurídico del primer mandatario.
Los delitos denunciados por el presidente Petro son punibles y configuran, según las normas y leyes judiciales, penas privativas de la libertad y resarcimiento económico hacia la víctima.
