La industria tabacalera advierte que el aumento en los impuestos al tabaco podría favorecer el contrabando, situación que sería nociva para quienes se dedican al comercio formal de productos como el cigarrillo.
El pasado 22 de diciembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró “el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional” mediante el Decreto 1390, con el que espera recaudar los $16,3 billones que permitan hacerle frente al déficit fiscal tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República.
Esta medida, que habilita al Ejecutivo a emitir decretos con fuerza de ley por 30 días, incluye aumentos en impuestos a productos como cigarrillos y tabaco. Representantes de la industria tabacalera alertan que estos gravámenes podrían disparar los precios al consumidor y potenciar el contrabando, un problema que ya afecta significativamente el mercado legal.
El paquete tributario, detallado en borradores de decretos filtrados, contempla un incremento en el impuesto al consumo de cigarrillos, tabacos, cigarros y productos de tabaco calentado (PTC). Específicamente, se propone un gravamen de 11.200 pesos por cajetilla de 20 unidades —proporcional según el contenido— y 891 pesos por gramo de picadura, rapé o tabaco para mascar.
Este ajuste forma parte de una serie de medidas que también afectan licores, cervezas, transacciones financieras (elevando el 4×1.000 a 5×1.000) y otros sectores, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas sin el aval legislativo.
El Gobierno justifica la emergencia citando ocho eventos críticos, incluyendo impactos climáticos por La Niña, inflación persistente y la insuficiencia presupuestal derivada del hundimiento de la reforma tributaria.
Según datos del sector, una cajetilla de cigarrillos legal cuesta en promedio alrededor de 11.000 pesos, mientras que en el mercado ilegal se obtiene por menos de 5.000 pesos. Advierten que con el nuevo impuesto, los precios legales podrían aumentar hasta un 300% en algunos componentes, ampliando la brecha con el contrabando y fomentando su expansión.
BAT Colombia, una de las principales compañías tabacaleras, ha advertido que esta política impulsaría el mercado negro, que ya representa más del 36% del consumo nacional y supera el 90% en regiones fronterizas como La Guajira.
“El aumento de impuestos sobre los productos de tabaco elevaría los precios al consumidor, empujando a más personas hacia el mercado ilegal”, indicó Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Externos de British American Tobacco (BAT).
Mientras se esperan los decretos definitivos en los próximos días, los consumidores de tabaco y cigarrillos anticipan un encarecimiento que podría alterar patrones de consumo y dinamizar la economía informal en Colombia.
