La acción legal se da tras recientes comentarios hechos por los legisladores, quienes expresaron su beneplácito ante una posible intervención militar de Estados Unidos en Colombia y contra el presidente Petro.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este lunes que interpondrá en las próximas horas una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como JP Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, a quienes acusa de promover conductas que afectarían la soberanía e integridad territorial de Colombia.
A través de su cuenta en la red social X, el jefe de la cartera laboral expresó que no se trata de simples opiniones políticas, sino de comportamientos que, según su interpretación, podrían constituir delitos contemplados en el Código Penal colombiano.
Sanguino explicó que las posibles infracciones encajarían en los artículos que definen el menoscabo de la integridad nacional (artículo 455) y la participación en hostilidades contra la patria (artículo 458).
“Llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política. La libertad de expresión no ampara la traición a la patria. Defender a Colombia y su territorio es un deber ciudadano”, sostuvo el ministro en su pronunciamiento
La controversia surge en el marco de declaraciones y publicaciones realizadas por los parlamentarios en redes sociales, luego de recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles intervenciones militares en la región.
En algunos post de X, la representante Garrido publicó mensajes en los que daba la bienvenida a una intervención estadounidense en Colombia, mientras que el senador Hernández se pronunció de forma enérgica contra el presidente Gustavo Petro, llegando incluso a desear la captura o salida del mandatario del poder.
Sanguino enfatizó que estos pronunciamientos, en su concepto, exceden la libertad de expresión y podrían constituir una amenaza a la soberanía nacional. El ministro sostuvo que, al tratarse de funcionarios elegidos para defender la Constitución y el orden jurídico, dichos actos resultarían especialmente graves.
