Estos individuos, la mayoría funcionarios públicos, están, presuntamente, implicados en la ocupación y apropiación de tierras en Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás (Atlántico) y Cereté (Córdoba).
17 personas fueron capturadas el pasado 14 de abril, en el marco de un proceso de contrainteligencia e investigación criminal de Dijín y Dipol, en coordinación con la Fiscalía 8 Especializada contra la Corrupción, adelantado por más de un año contra funcionarios públicos por actos de corrupción, al servicio de actores criminales en la ocupación y apropiación de tierras en Barranquilla, Soledad, Malambo, Santo Tomás (Atlántico) y Cereté (Córdoba).
Los individuos son señalados de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.

Esta operación, nombrada Gaia, es la primera que se realiza a esta magnitud y donde se evidencian actos
de corrupción que habrían sido cometidos por parte de servidores públicos y se continua con el proceso investigativo esperando próximos resultados con futuras imputaciones.
Actuar de registradores y notarios
La investigación se adelantó desde 4 líneas investigativas, a partir de la identificación de su modus operandi, mediante la omisión de la revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas.
Durante el proceso investigativo se identificó una red de corrupción integrada por servidores públicos (3 registradores de instrumentos públicos, 2 inspectores de policía, un notario, 1 calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad – Atlántico).
“Los registradores de Instrumentos Públicos permitían el registro de predios y otorgaban matrículas inmobiliarias y el reloteo de las mismas; asimismo el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión. Los Notarios permitían la protolización de escrituras públicas para la posterior venta de
predios obtenidos de manera irregular sin las revisiones previas de pago de impuestos y/o
verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias”, reveló la Policía durante una rueda de prensa.

Calificador de Instrumentos Públicos e inspectores de Policía
El calificador de Instrumentos Públicos, como revisor jurídico de la oficina de instrumentos públicos habría omitido sus funciones de verificación para comprobar que los documentos cumplieran con la
legalidad para inscribirse en el registro (registros catastrales, pago de impuestos entre
otros).
“Los inspectores de Policía emitían amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes
corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de
los terrenos”, dijo la Mebar.

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Más detalles del robo de terrenos
Dentro de los terrenos ocupados ilegalmente se contaba con una extensión de tierra que debía ser destinada para la construcción de un megacolegio y fue desviada a manos de particulares, quienes la fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes, cada uno con un valor aproximado de $50.000.000.
- De estos predios corroborados documentalmente se conoce su avalúo comercial por aproximadamente 22 mil millones de pesos.
- Se vieron afectados cerca de 277.000 m2, los cuales fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelados y vendidos, estafando a familias y afectando los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras y la ocupación ilegal de zonas de uso público para el uso y goce de la comunidad, las cuales tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
- Con este resultado se busca recuperar el interés de constructoras quienes ya se habían visto afectadas por los intereses particulares de la red criminal para establecer proyectos.
- Por último, señalar que este resultado operacional permite generar tranquilidad para las más de 1.800 familias que viven en las zonas afectadas de Soledad (Atlántico).

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