Servicios de transporte como InDrive, DiDi, Uber, entre otras plataformas, dejarían de operar y, quienes incumplan la normativa, serían multados. Incluso, hasta los usuarios serían sancionados.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, radicó el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa que busca modernizar el régimen sancionatorio del sector transporte pero que, según expertos y plataformas digitales, podría significar el fin de servicios como Uber, DiDi, inDrive, Cabify y Yango.
Esta propuesta ha generado un intenso debate, con alertas sobre impactos en el empleo, la innovación y la movilidad urbana de millones de colombianos.
La iniciativa redefine como “servicio ilegal de transporte” cualquier movilización de personas en vehículos particulares intermediada por plataformas digitales, sin ofrecer mecanismos de habilitación legal para estos servicios.
Entre las medidas más controvertidas se incluyen multas de hasta 4,7 millones de pesos por viaje para conductores, inmovilizaciones de vehículos por hasta 120 días, cierres preventivos de aplicaciones y sanciones para usuarios y terceros, como conjuntos residenciales o centros comerciales que permitan el estacionamiento de estos autos, con penalidades que podrían alcanzar los 726 millones de pesos.
Alianza In, el gremio que representa a estas plataformas, ha calificado la propuesta como un “golpe a la innovación” que afectaría a cientos de miles de familias dependientes de estos ingresos y a millones de usuarios.
“Este proyecto convertiría en ilegales los servicios de movilidad con vehículo particular, sin alternativas de regulación, lo que podría llevar al cierre de operaciones en el país”, advirtió el gremio en un comunicado. Empresas como Uber y DiDi han expresado su rechazo, argumentando que la norma ignora el rol clave de estas apps en la movilidad urbana y el empleo flexible.
Por su parte, el Ministerio de Transporte, liderado por María Fernanda Rojas, defiende el proyecto como una herramienta para combatir la ilegalidad y priorizar la protección de los usuarios, pasando de un enfoque punitivo a uno preventivo con uso de tecnologías digitales.
Sin embargo, ante la creciente polémica, el Gobierno anunció que no avanzará con la iniciativa en el Congreso hasta lograr un consenso con conductores, plataformas y gremios tradicionales. Se instalará una mesa de diálogo con los ministerios de Trabajo y TIC para construir una política pública integral sobre el uso de plataformas en el transporte.
Este no es el primer intento de regular el sector. En 2025, el Proyecto de Ley 136 de 2024 buscaba una regulación positiva, creando un Registro Único Nacional de Movilidad Intermediado (Runsmi) para formalizar las operaciones y evitar inmovilizaciones. Sin embargo, la nueva propuesta parece endurecer la postura, alineándose con demandas de taxistas tradicionales que ven en las apps una competencia desleal.
