Un contrato firmado en 2017 expone que la concesión del canal es por 20 años, pero el presidente afirma que acaba en 2027.
Una orden presidencial en medio del consejo de ministros nocturno ha encendido una tormenta política. El presidente Gustavo Petro instruyó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, abrir de inmediato una licitación para el Canal 1, a pesar de que la concesión existente, otorgada en 2017 a Plural Comunicaciones, tiene vigencia legal hasta 2037.
Un nuevo modelo, según Petro
Justificando su decisión, Petro afirmó que busca una “nueva forma de manejar la televisión”, en la que participen cooperativistas, periodistas, jóvenes y actores culturales, evitando tanto la influencia gubernamental como la hegemonía del capital extranjero o empresario. Recalcó que el Canal 1, como entidad pública, “no va para extranjeros”, y que la licitación permitirá la apropiación social y cultural del canal. La directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez, fue encargada de supervisar este nuevo proceso.
El anuncio provocó reacciones inmediatas y contundentes. Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, calificó la orden como una amenaza directa: “es matoneo y expropiación” contra un medio plural y libre.
Reconocidos periodistas, como Luis Carlos Vélez, denunciaron la medida como “un ataque contra la empresa privada y la libertad de expresión”. Jaime Cabal, líder de Fenalco, advirtió que se trata de un “atentado directo contra la libertad de prensa y la democracia”. Por su parte, la congresista Katherine Miranda calificó la orden como “completamente ilegal”, argumentando que la concesión está legalmente vigente hasta 2037, según la Ley 1978 de 2019.
“Esto tiene todo el tinte de persecución ilegal contra un canal privado. No hay sustento legal para esta arbitrariedad de Petro, la concesión va hasta 2037. Está poseído por Chávez buscando expropiar medios y persiguiendo a la oposición”, aseveró la senadora María Fernanda Cabal.
Según la ley colombiana y el contrato firmado en 2017, la concesión del Canal 1 comprende un periodo de 20 años, con expiración proyectada para el 30 de abril de 2037. Contrario a la interpretación implícita de Petro, la concesión no expira en 2027 sino en 2037, lo que pone en evidencia una fuerte contradicción legal.
Analistas advierten que una caducidad anticipada del contrato podría desencadenar litigios nacionales o internacionales, afectaría la inversión y generaría incertidumbre sobre los canales de comunicación en Colombia.
Como reflejo de la tensión actual, la medida presidencial ha sacudido el panorama mediático y político colombiano, provocando un debate crucial sobre la autonomía de los medios, la legalidad contractual y el papel del Estado en la administración de plataformas públicas de comunicación.
