“Esto era puro monte, lo limpié, lo adecué y cuidé. Ahora que es una tierra buena, ¿ le sale otro dueño?”.
La disputa por un terreno de 36 hectáreas tiene a Baldonado Díaz Sierra, enfrentado a la empresa CEC (Cordiality Enterprises Corporation), en una lucha que bien podría asemejarse a la épica historia bíblica entre David y Goliat, aunque en esta, el gigante privado tomó ventaja.
Díaz Sierra, quien afirma ser propietario del lote, desde hace 11 años, aseguró que ha soportado “mosquitos y hambre” y que sería capaz de jurar ante la Biblia que las tierras son de él. “Por eso estoy luchando”, expresó.
El lote en litigio jurídico se encuentra ubicado en la vía Barranquilla-Galapa, sector de las bodegas California. “Esto era puro monte y yo lo limpié, lo adecué y cuidé. Ahora que es una tierra buena, ¿ le sale otro dueño? No es justo”, agregó Baldonado.
Geisler Leal Rivera, abogado de Baldonado Díaz Sierra, explicó que la empresa Cordiality Enterprises Corporation, valiéndose de demagogia jurídicas, quiere crear un proceso policivo alegando que hay perturbación sobre la posesión de un predio que es privado, hace más de 10 años.
“Hoy nosotros tenemos reconocimiento como poseedores, basados en una inscripción de una medida escrita por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla, que le otorgó esa inscripción al folio de matrícula de este predio, con el fin de garantizar el debido proceso y la posición irregular que hoy alega mi cobijado”, dijo el representante.
De igual modo, señaló que a su apoderado lo están desalojando porque “hicieron el impulso procesal de una resolución 035 del 2022, que fue proferida por el jefe de oficina de inspecciones de Policía y Comisarías de Familia de Barranquilla, en segunda instancia, que revocó el fallo de primera instancia dado por el inspector 17 de Policía, quien dictó medida de protección a la posesión de mi cobijado”.
Baldonado se encuentra abrumado, “no me explico cómo gastan fuerza pública en semejante atropello máxime cuando la ciudad se inunda en la sangre derramada por las bandas criminales”, indicó. “Es que es indignante lo que ocurre: acá esto pasa, lleno de policías que me intratan, me agreden, en lugar de estar en los barrios cuidando a la ciudadanía, que cada vez es más azotada por la delincuencia”.
¿Qué dice la empresa?
Juan Doria Martínez, apoderado de CEC (Cordiality Enterprises Corporation), explicó que la empresa lo contrató para que los representara ante un amparo policivo que ya había presentado y que le había sido negado porque “unos ocupantes ilegales le perturbaron su propiedad en el año 2021 y que ellos habían presentado una querella, que había estado en conocimiento de la Inspección 17 y que en primera instancia, esa querella había resultado adversa a los propietarios”.
Posteriormente, presentaron un recurso de apelación, el cual perdieron y amparó a los querellantes, en este caso la empresa. “En segunda instancia hay en firme una resolución, la 035 de octubre 2022, en el que se ordena en firme la entrega material del predio a los propietarios”, añadió.
El abogado expresó saber que la propiedad está inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria, pero que el proceso de pertenencia iniciado se definirá en el Juzgado 11 Civil del Circuito Oral de Barranquilla. “Ahí se definirá si adquirieron el dominio por darse el fenómeno de la prescripción adquisitiva del predio, por ejercer la posesión o en su efecto que no tienen derecho”, puntualizó.
En esta historia, Goliat le ganó el duelo al pequeño David. Las diez familias que habitaban el predio, al final de la diligencia, fueron desalojadas, para la tristeza de todos ellos que sólo se resignaron a ver cómo una máquina retroexcavadora tumbaba sus sueños edificados.
Pasada las horas, después de la diligencia de desalojo, vídeos aficionados demuestran como algunas personas, supuestamente relacionadas con la empresa CEC, le entregaron a soldados del Ejército Nacional de Colombia, colchones para darle mayor comodidad a la hora de hacer el turno de guardia, y así evitar que terceros vuelvan a meterse al predio y apoderarse de los terrenos.
De igual forma, miembros de las familias afectadas, exigen la presencia de la Procuraduría General de la Nación para que los apoyen en esta situación, que la consideran totalmente ilegal e injusta.
