La SIC vinculó a ocho personas naturales al proceso.
A temprana horas de este 19 de enero, la Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer que formuló pliego de cargos contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco, por presunto abuso de posición de dominio en el mercado de gestión de los derechos de autor de contenido patrimonial.
Las investigaciones comenzaron tras recibir varias quejas por este tema. La Superintendencia también formuló pliego de cargos contra 8 personas vinculadas a la organización que pudieron haber “colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado el abuso en la posición de dominio”.
Estas personas son: César Ahumada Avendaño (gerente general de Sayco); Indira de la Cruz Ariño (secretaria general); Antonio Hernández Aguirre, Rita Fernández Padilla, Gyentino Peña Ospitia, Alberto Morales Betancourt, Rafael Manjarrés Mendoza (miembros del Consejo Directivo de Sayco), y Ricardo Gómez Guzmán (Director Jurídico de Sayco).
“En el transcurso de la investigación se evidenció que Sayco habría abusado de la posición dominante que tiene en el merado de gestión de los derechos de autor, incurriendo en dos conductas anticompetitivas”, indicó la SIC.
Estas son, a detalle, las conductas en las que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia habría incurrido según la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Sayco habría subordinado la gestión patrimonial de algunas formas de comunicación al público de obras musicales a la entrega, total o “en paquete”, de todas las formas de comunicación. Esto, aún cuando las distintas formas de comunicación son independientes entre sí. Esta conducta se evidencia en los contratos de adhesión que son prediseñados por estos.
- Sayco habría obstruido el acceso de titulares de derechos de autor y terceros a otra forma de gestión distintas a la colectiva. La sociedad investigada habría implementado, por un lado, herramientas y procedimientos que desincentivarían e impedirían la libre gestión individual de los titulares de derechos de autor sobre la comunicación al público de sus obras. Por otro lado, con su comportamiento, la investigada habría obstruido el acceso al mercado para terceros competidores que adelantan formas de gestión distintas de la colectiva.
La SIC aclaró que contra la decisión de apertura de investigación no procede recurso alguno y que podrá imponer multas hasta de 100.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes por cada infracción al régimen de libre competencia a los agentes del mercado y hasta de 2.000 SMLMV por cada infracción a quienes hayan colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado dichas conductas.
