Minvivienda, Gobernación de La Guajira, alcaldías y prestadores de servicios públicos fueron advertidos por la Procuraduría.
La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa de trabajo interinstitucional en La Guajira, con el objetivo de verificar los avances en el cumplimiento del plan de acción para garantizar el suministro de agua potable a las comunidades del departamento y de manera especial al pueblo Wayuu, en cumplimiento al Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno de El Niño y la Sentencia T-302 de 2017.
Ante esto, fueron convocados los operadores del servicio de acueducto del departamento, el gobernador de La Guajira, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa, y los alcaldes municipales de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.
“Se requirió por parte de este organismo de control, las acciones adelantadas por estas entidades y la articulación entre los proyectos ejecutados en el marco del cumplimiento de la sentencia, la ejecución del Plan Nacional de Gestión ante el Fenómeno de El Niño, el Plan Departamental de Agua y las demás iniciativas formuladas para garantizar el recurso hídrico a las familias del departamento”, sostuvo la Procuraduría.
Dentro de los llamados realizados por el ente de control resalta la necesidad de hacer seguimiento a los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, teniendo en cuenta los problemas de orden público y su afectación a las obras de infraestructura, el control de pérdidas de agua en redes, originada por la defraudación al sistema de acueducto y posibles omisiones de las autoridades para sancionar a los infractores que afectan la disponibilidad del líquido a las comunidades del departamento.
Según el Ministerio Público, las acciones que se contemplaron en el plan del fenómeno de El Niño y la respuesta a la emergencia no son complementarias y se pueden convertir en un obstáculo al duplicar esfuerzos sobre un mismo objetivo.
Así mismo, se les recordó a las autoridades convocadas que, la entidad alertó en la transición de los gobiernos territoriales sobre la necesidad de informar detalladamente a los nuevos alcaldes y gobernadores sobre el avance y cumplimiento de las sentencias como la T-302 de 2017 con el fin de dar continuidad a las acciones administrativas y no afectar los proyectos que hagan efectivos los derechos de los ciudadanos sujetos de protección.
De igual manera, solicitaron al Ministerio de Vivienda agilizar la gestión de los proyectos de agua potable radicados por los convocados a la mesa, incluidos los operadores del servicio, para dar celeridad al cumplimiento de las acciones del plan provisional para el cumplimiento de la Sentencia.
Por último, la Procuraduría informó que continuará con el seguimiento a los planes y adelantará mesas de trabajo con la UNGRD, para que se den a conocer los proyectos, se articulen con las acciones territoriales y se agilice la ejecución de acciones de agua potable en el departamento, incluidos la suscripción de los convenios que sean necesarios con las fuerzas militares para apoyar entre otras las labores de identificación y adecuación de pozos y pilas públicas y adecuación de infraestructura necesaria para que llegue el líquido vital a las comunidades.
