Sin embargo, el expresidente señaló que el tribunal especial debe recuperar las facultades derivadas del acuerdo de paz con las FARC en 2016.
El expresidente Gustavo Petro se pronunció este 2 de octubre sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en discrepancia con las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos, quien había pedido que el tribunal cumpla su cometido en 2028 o antes y se opuso a prorrogar sus límites legales.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro afirmó: “En mi opinión mientras perdure el conflicto armado hoy, por razones mercantiles, debe continuar la JEP”.
“La JEP debe recuperar las facultades derivadas del acuerdo de paz: debe ser el máximo tribunal de la verdad del conflicto y los terceros en el conflicto deben ser parte de su investigación e intervenir”, añadió.
El exmandatario criticó el ritmo de implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Señaló que el proceso, pensado para cumplirse en 12 años, “tuvo las parálisis del gobierno Duque y ahora el de Abelardo”, y que solo se ha ejecutado un año durante el gobierno de Santos y cuatro en el suyo.
Además, advirtió que en 2028 “ni se entregarán tres millones de hectáreas a los campesinos” y que, por el contrario, la SAE muestra “ganas de devolución de bienes a narcotraficantes”.
Petro sostuvo que la JEP fue recortada en funciones que le otorgaba el acuerdo, entre ellas el tratamiento de la relación entre el narcotráfico y el conflicto. Según el expresidente, ese incumplimiento derivó en el fortalecimiento de los cultivos de coca y de grupos armados al servicio del narcotráfico durante el gobierno de Iván Duque. Por esa razón, consideró que “esta nueva fase del conflicto puede ser asumida en cuanto a los delitos del Estatuto de Roma por la JEP”.
Finalmente, planteó que el sometimiento de narcotraficantes y sus grupos armados a la jurisdicción especial “ayudaría y mucho en la salida de Colombia del narcotráfico”.
Las declaraciones de Petro se producen en medio del debate sobre la vigencia de la JEP, los recortes presupuestales que enfrenta la entidad y las propuestas legislativas que buscan fijar su cierre en 2028. El exjefe de Estado defiende que el tribunal mantenga y recupere su alcance original mientras el conflicto armado continúe activo.
