“Esta inseguridad jurídica, que afecta el principio democrático, es consecuencia de una decisión política del CNE al no fallar en derecho”, sentenció el precandidato al Senado.
El senador y precandidato al Senado por el Pacto Histórico, Pedro Flórez, expresó este martes su preocupación por lo que considera una grave inseguridad jurídica y falta de garantías por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), a solo 11 días de la consulta interpartidista del próximo 26 de octubre, en la que se elegirá el candidato presidencial de su coalición.
En un pronunciamiento público a través de sus redes sociales, Flórez se refirió a la reciente renuncia de Daniel Quintero como precandidato presidencial del Pacto Histórico y a la preocupación manifestada por el presidente Gustavo Petro ante la situación que atraviesa la coalición.
“El retiro de Daniel Quintero y la preocupación del presidente Gustavo Petro reflejan lo que vivimos los precandidatos del Pacto Histórico: el CNE no ha dado garantías reales”, afirmó el congresista.
Según lo manifestado por Flórez, aún no hay certeza sobre elementos fundamentales del proceso electoral, como el diseño del tarjetón oficial, la definición de los topes de campaña, ni sobre aspectos administrativos básicos que deberían estar resueltos por la Registraduría y avalados por el CNE.
“No existen reglas claras ni certeza sobre el tarjetón que debió imprimir la Registraduría, ni topes de campaña, ni claridad administrativa”, puntualizó.
El senador responsabilizó directamente al Consejo Nacional Electoral por lo que calificó como una decisión política que pone en riesgo el ejercicio democrático, al no haber fallado oportunamente en derecho sobre la solicitud de fusión de los partidos que integran el Pacto Histórico.
“Esta inseguridad jurídica, que afecta el principio democrático, es consecuencia de una decisión política del CNE al no fallar en derecho. La democracia no se sostiene sobre vacíos normativos”, concluyó Pedro Flórez.
El Pacto Histórico ha reiterado su intención de seguir adelante con la consulta prevista para el 26 de octubre, en medio de un creciente debate sobre las garantías electorales y la neutralidad de las instituciones encargadas de velar por la legalidad del proceso democrático.
