La candidata presidencial presentó un balance crítico de la política de seguridad del Gobierno Petro, señalando que la suspensión de detenciones a cabecillas criminales ha disparado los índices de violencia en el país.
En un contundente informe presentado recientemente, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia reveló cifras que ponen en entredicho los resultados de la estrategia de “Paz Total” del actual Gobierno. Según la congresista, durante el mandato de Gustavo Petro se han suspendido un total de 205 órdenes de captura contra voceros y representantes de diversos grupos armados ilegales.
A la fecha, según el reporte, 81 órdenes de captura permanecen inactivas, beneficiando a figuras de alto perfil criminal. Entre los nombres destacados se encuentra alias Calarcá, junto a una lista de mandos medios y superiores de estructuras que operan en todo el territorio nacional.
El análisis detallado por Valencia desglosa cómo se distribuyen estas suspensiones de captura entre las organizaciones al margen de la ley:
– Alias Calarcá.
– 35 miembros del Estado Mayor Central.
– 11 miembros de la Segunda Marquetalia.
– 9 miembros de Comuneros del Sur (facción desintegrada del ELN).
– 6 miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
– 3 miembros de las Autodefensas Gaitanistas o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.
– 10 miembros de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Comandos de Frontera)
– 7 miembros de las estructuras de alto impacto del Valle de Aburrá.
Uno de los puntos más polémicos de la declaración de Valencia radica en la coincidencia de estas liberaciones con los calendarios electorales. La candidata afirmó que el Gobierno ha dejado en libertad a “principales bandidos” en momentos clave de la contienda política, sugiriendo un beneficio mutuo entre la administración central y las estructuras armadas en las regiones.
“Dejaron libres a los principales bandidos para elecciones, justo cuando compite el papá de la Paz Total. Por eso el país está nadando en coca, secuestros y extorsión. El Gobierno no combate a los criminales y les garantiza la libertad con la fracasada Paz Total”, aseveró Valencia en un tono crítico que marca su hoja de ruta hacia la presidencia.
Para la oposición, la suspensión de estas órdenes de captura no ha redundado en una disminución de la violencia, sino en un fortalecimiento de los grupos ilegales. La candidata vincula directamente la falta de operatividad judicial con el aumento de los cultivos ilícitos y el auge de delitos de alto impacto como la extorsión y el secuestro, que hoy golpean con fuerza a departamentos como el Valle de Aburrá, el Catatumbo y otras subregiones como el sur de Bolívar.
Haciendo uso de una retórica de orden y autoridad, Paloma Valencia cerró su análisis proyectando su visión de gobierno. La candidata prometió que, de ser elegida, a partir del 7 de agosto la prioridad será restablecer la seguridad jurídica y física en el país, reactivando la persecución penal contra los actores armados.
Este informe se suma a la creciente tensión política en Colombia, donde la seguridad se perfila como el eje central del debate presidencial de cara a los próximos comicios.
