Musa Besaile suma otra condena en su contra, quien ya había sido declarado culpable por otros actos de corrupción como el cartel de la toga y el caso Fonade.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, condenó al excongresista Musa Abraham Besaile Fayad y al senador John Besaile Fayad por irregularidades en la contratación pública en la gobernación de Córdoba.
El primero fue condenado a 140 meses y ocho días de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas y al pago de una multa de 2.046 millones de pesos, por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El segundo fue condenado a 69 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público agravado.
Estos dos casos son un ejemplo de cómo para sustentar el poder político y perpetuarlo en las regiones, se forman estructuras criminales con tentáculos en las diferentes entidades que tienen poder de decisión y de control del gasto público para, de la mano de particulares que fungen como “contratistas”, desangrar las arcas estatales, dineros que servirán para la siguiente campaña y así, con ese círculo vicioso, mantener la hegemonía en la región.
El caso contra Musa Besaile
Fue procesado por un esquema de corrupción alrededor de la elección de Alejandro Lyons Muskus como gobernador del departamento de Córdoba para el periodo constitucional 2012- 2015, quien en contraprestación al apoyo de los congresistas que lo respaldaron en su candidatura, les otorgó cuotas burocráticas.
Según la alta corte, tal acuerdo dio origen a una la sociedad ilegal que se mantendría durante la administración de este último y a la división de las coimas que pedían para adjudicar los contratos.
La Sala encontró demostrado que el aforado, junto con el exmandatario regional, otros funcionarios públicos y particulares conformaron una empresa criminal con vocación de permanencia, para la comisión indeterminada de delitos contra la administración pública. Se apropiaron de 2.350 millones de pesos provenientes de los recursos transferidos por la Nación al departamento de Córdoba del Sistema General de Regalías mediante la tramitación y celebración de cuatro convenios de ciencia y tecnología identificados con los números 733, 734, 735 y 755 de 2013, sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Igualmente se quedaron con otros 3.400 millones de pesos que tenían que ir a la atención de pacientes con hemofilia.
Al haberse probado la existencia de perjuicios derivados de los mencionados delitos, la Sala condenó al entonces senador Musa Besaile Fayad al pago de perjuicios por la suma 19.261 millones de pesos a favor del departamento de Córdoba por ser la entidad de derecho público perjudicada con tales comportamientos del aforado.
Finalmente, le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria, así como los beneficios por colaboración con la administración de justicia estos últimos solicitados por la Sala Especial de Instrucción, razón por la cual, una vez en firme la decisión, deberá cumplir la pena impuesta de manera intramural.
El proceso contra John Besaile
Para la época de los hechos era secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba y en ejercicio de sus funciones, profirió la Resolución No. 0334 de 20 de septiembre de 2012 con alteración de su fecha de expedición, ya que en realidad había sido emitida en el mes de febrero de 2014, mediante la cual dispuso el reconocimiento de personería jurídica de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica.
Además, certificó en dicho acto administrativo manifestaciones contrarias a la verdad, consistentes en refrendar que el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, había solicitado el reconocimiento de personería jurídica de la Corporación y que la documentación allegada por la entidad se ajustaba a la normatividad para ser reconocida como tal, pese a que tales circunstancias no correspondían a la realidad.
Con esas irregularidades se habilitó a esa corporación para contratar con la gobernación y usarla para canalizar fraudulentamente los recursos derivados de los convenios de ciencia y tecnología en el departamento de Córdoba.
En el fallo se le concedió sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por la de su lugar de domicilio (casa por cárcel), para lo cual deberá cancelar la caución fijada y suscribir la respectiva diligencia de compromiso.
