El órgano de control judicial tratará de establecer si la togada incurrió en un posible actuar irregular con la decisión que profirió.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico anunció la apertura de una actuación disciplinaria contra la jueza Claribel Onisa Fernández Castellón, titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, tras conocerse la decisión que concedió la libertad condicional a Emilio Tapia Aldana, condenado por graves hechos de corrupción en el país.
La medida se da luego de que este martes 16 de diciembre se conociera que la togada otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por corrupción, en la que se expone un posible actuar irregular por parte de la funcionaria judicial al momento de adoptar dicha decisión.
A través de un pronunciamiento oficial, la presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, Heydi Parodis Ropaín, informó que, en atención a la gravedad de los hechos y a la relevancia pública del caso, “se ordenará la compulsa de copias contra la jueza Fernández Castellón”. Estas serán remitidas para que se adelanten las actuaciones correspondientes y se repartan como queja disciplinaria ante la misma Sala.
Emilio Tapia Aldana fue condenado por su participación en el denominado carrusel de la contratación y en el escándalo de corrupción del contrato de Centros Poblados, casos que han tenido un alto impacto nacional por el desfalco de recursos públicos y las implicaciones en la administración estatal.
La Comisión Seccional precisó que la apertura de la queja disciplinaria no implica un prejuzgamiento, sino el inicio de un proceso de verificación para establecer si la actuación de la jueza se ajustó o no a la normatividad vigente y a los deberes propios de su cargo.
El caso ha generado amplio debate en la opinión pública y reaviva la discusión sobre los beneficios judiciales otorgados a condenados por corrupción en Colombia.
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