En la audiencia, a través de videoconferencia, el exministro del Interior del actual gobierno, Luis Fernando Velasco, estuvo presente, mientras que el “ex” de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, envió a su abogado defensor.
Por: Iván Peña Ropaín.
Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión que vuelve a agitar el mundo de la política en Colombia y yendo mucho más allá de lo que había solicitado inicialmente la Fiscalía General: detención domiciliaria, ordenó enviar a la cárcel a los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el saqueo y direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y en el Instituto Nacional de Vías (Invías) para “comprar” a congresistas.
La togada precisó que hay suficientes pruebas que demuestran que ambos exministros habrían hecho parte de un “pacto criminal” por medio del cual, aparentemente, se fraguó en el alto gobierno del presidente Gustavo Petro para cometer el ilícito.
La representante de ese tribunal manifestó que este caso es un sofisticado entramado del que incluso, según lo había expuesto la Fiscalía General de la Nación, todavía no se ha terminado de desmantelar por completo.
Sobre la medida de reclusión en centro carcelario, la magistrada argumentó que su decisión no se refleja en la reiteración de la conducta delictiva, pese a que dejaron sus cargos hace más de año y medio, sino en el impacto institucional que produce y porque se busca proteger a la comunidad para evitar la reconfiguración de un esquema de corrupción complejo y del más alto nivel en dos de las carteras más importantes del Gobierno nacional.
En medio de la audiencia contra Velasco y Bonilla, la Fiscalía los sindicó de liderar una organización criminal para convertir a la UNGRD y al INVIAS en la caja menor de “coimas”, con el fin de comprar a congresistas a cambio de votos para garantizar gobernabilidad, argumentos que el Tribual consideró y a los que le dio toda credibilidad.
El ente acusador advirtió que los dos exfuncionarios de la administración Petro habrían direccionado más de 70 contratos en INVIAS y 5 en UNGRD, corrupta movida que suman más de 612 mil millones de pesos, de los cuales, siete proyectos se finiquitaron.
