El aforado, quien ocupa una curul por Guainía, fue sentenciado a más de siete años de prisión domiciliaria.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión de fallo, condenó al representante a la Cámara por el departamento de Guainía, Carlos Alberto Cuenca Chaux, por el delito de corrupción de sufragante (compra de votos).
La magistrada Blanca Nélida Barreto determinó, a través del curso de las investigaciones, que el aforado, para el año 2014, ofreció tejas de zinc y bultos a una comunidad a cambio de que votaran por él, con el fin de llegar al Congreso de la República.
En ese sentido, el representante por el partido Cambio Radical fue condenado a siete años y medio (92 meses) de prisión, medida que cumplirá en su domicilio.
“CONDENAR a CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX, de condiciones civiles y personales ya expuestas, como autor del delito de corrupción de sufragante tipificado en el artículo 390 del Código Penal, con el incremento punitivo a que alude el inciso 4°, en la modalidad de continuado”, reza el documento condenatorio.
De acuerdo con las pruebas evaluadas por el despacho de la magistrada Barreto, el parlamentario estuvo en una reunión política en marzo de 2014 y prometió al menos a 20 personas que les daría los materiales si votaban por él para llegar a la cámara baja ese año.
En medio de las pesquisas, la Sala de Primera Instancia encontró que “es evidente que el beneficio prometido por Cuenca Chaux constituyó una dádiva para que sus destinatarios votaran por sus aspiraciones reeleccionistas de su curul en la Cámara de Representantes, como quiera que al ofrecerles bultos de cemento y tejas de zinc a todas luces era un actuar ilegal que se logró demostrar con los testimonios, algunos de ellos indígenas, con dificultades en el lenguaje, pero aptos para votar, conforme documentación aportada por la Registraduría Nacional”.
Uno de los testimonios claves en los que se amparó la Corte Suprema fue en el de una mujer, quien aseguró haber ayudado a Carlos Alberto Cuenca Chaux en “la logística y el alojamiento de indígenas para que concurrieran a los puestos de votación, así como pertenecer a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)”.
