La Procuraduría suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva por el contrato en el manejo de los pasaportes.
Sobre el mediodía de este miércoles, la Procuraduría General de la Nación informó que suspendió por un periodo de tres meses de su cargo al canciller de Colombia, Álvaro Leyva, en medio de una investigación que se adelanta en su contra por presuntos tas irregularidades en el contrato por el manejo de los pasaportes.
La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción y sostiene que el ministro de Relaciones Exteriores habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas provisionalmente como gravísimas cometidas a título de dolo, es decir, con conocimiento, ya que, al parecer, ese habría extralimitado en el cumplimiento de sus funciones al declarar desierto el proceso de licitación.
De la misma manera, el ente de control disciplinario llamó a juicio al canciller Leyva por decretar la urgencia sin que existieran causales para adoptar esa determinación, motivo por el cual tomó la decisión de suspenderlo transitoriamente para evitar que cometa otras faltas disciplinarias, aduciendo que su rol implica un papel preponderante en el proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.
Frente a esta decisión, quien se pronunció de manera indirecta sin hacer mención del caso fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien indicó que es una situación que ya vivió cuando fue alcalde de Bogotá y de la que adujo se trata de una estrategia para “no dejarlo gobernar”.
“Nos va a costar, nos van a suspender ministros aquí y ministras allá. Eso ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar, pues es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar a la gente abandonada y no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, un gobierno democrático, pero con todo tenemos que hacer”, expresó el mandatario nacional.
Es de recordar que el Ministerio Público intentó conciliar entre la Cancillería y Thomas Greg, pero el ministro Álvaro Leyva no aceptó las pretensiones del contratista y declaró la licitación desierta. Ahora, mientras este proceso avanza, la compañía podría emprender una demanda contra el Estado al considerar que se le vulneraron sus derechos como contratista cuando sucedió la situación.
