Continúan las repercusiones del exmandatario de la República tras las acusaciones que hizo Salvatore Mancuso sobre el llamado ‘Pacto de Valledupar’.
Lo que era una supuesta disposición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la era del Gobierno Petro para contribuir a la paz, hoy parece tener una dirección distinta tras sus declaraciones recientes sobre una supuesta solicitud que le habrían hecho delegados de la entonces administración nacional para que él y otros excomandantes de las AUC incriminaran al expresidente Álvaro Uribe, al hoy presidente Abelardo de la Espriella y al ya fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
El expresidente Gustavo Petro sigue defendiéndose y esta vez, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, aseguró que él no necesita recurrir a Mancuso ni a cualquier otro exjefe paramilitar para acusar a los señalados, pues afirma que hay pruebas que los demuestran y que estarían consignadas en la ley de Justicia y Paz.
“No necesito pedir declaraciones de paramilitares ni contra Uribe ni contra Abelardo. Esas declaraciones hace años las hicieron bajo la ley de Justicia y paz, que obligaba a decir la verdad para obtener beneficios políticos que Abelardo y Mancuso era y son amigos, eso esta fotografiado y comprobado públicamente, solo hay que leer el papel de la fundación de asesoría a los paramilitares en la que participó Abelardo de la Espriella y el actual presidente de Ecopetrol Joaquín Gutierrez”, expresó Petro.
El exmandatario del país añadió que ·”solo hay que ver el entorno de personas que rodearon a Mancuso” para, según él, “ver quienes ocupan altos cargos públicos y saber de la existencia de esa relación”.
Hace dos días, justo después de los señalamientos de Salvatore Mancuso, el expresidente Petro señaló que no aceptaría que se le atribuyeran acusaciones tan graves sin que se suministraran pruebas que lo demuestren. En su réplica, advirtió que “la mesa con los antiguos comandantes de las Autodefensas no nació a escondidas” y que esta fue establecida mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.
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Las acusaciones del exjefe Paramilitar desataron una avalancha de reacciones en el país, pues involucraban a figuras políticas como Petro y un supuesto plan de su gobierno para incriminar a Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras y llevarlos ante la justicia.
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