El rector encargado aclaró esto luego de que varios medios de comunicación ventilaran que sobre él pesaba una destitución e inhabilidad general por 10 años, por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
En un escenario solemne, pero marcado por la tensión institucional, el rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, aprovechó la ceremonia de graduación celebrada este viernes 19 de diciembre en el Pabellón de Cristal para pronunciarse públicamente sobre las polémicas que rodean su llegada al cargo y trazar las líneas centrales de su gestión.
Castillo, designado por el Ministerio de Educación Nacional en el marco del régimen de vigilancia especial que rige sobre la universidad, aseguró que su nombramiento no requería un acto protocolario de posesión. Según explicó ante graduandos y asistentes, la consulta fue realizada directamente ante instancias locales y nacionales de la cartera, donde le confirmaron que su encargo se materializa mediante un acto administrativo suficiente para asumir funciones.
Las dudas jurídicas también han girado en torno a una supuesta inhabilidad disciplinaria. Frente a ello, el rector encargado fue categórico al negar la existencia de sanciones vigentes en su contra. Aclaró que el caso que se le atribuye está relacionado con una comisión otorgada a un docente para realizar estudios en Argentina, quien, según relató, continuó cumpliendo actividades académicas durante un corto periodo. Castillo subrayó que se trata de un proceso antiguo, ocurrido hace cerca de diez años, y que durante la etapa preliminar nunca fue vinculado formalmente. “Eso consta en el expediente”, enfatizó.
“Quiero decir que no hay inhabilidad alguna, no tengo sanción en este momento de la Procuraduría”, dijo Rafael Castillo durante el acto de graduación de estudiantes.
En un tono crítico, el académico cuestionó la actuación de la Procuraduría General de la Nación, señalando que el análisis del caso habría excedido sus competencias y advirtiendo sobre posibles inconsistencias en el juicio disciplinario. Con ello, buscó contrarrestar la versión según la cual existiría una sanción activa desde marzo de 2025 por cuatro meses, circunstancia que, de confirmarse, podría comprometer la legalidad de su encargo.
Más allá del debate jurídico, Castillo centró parte de su intervención en el rumbo que pretende imprimirle a la Universidad del Atlántico. Anunció la puesta en marcha de un “proceso constituyente universitario”, una iniciativa que convocará a estudiantes, docentes y trabajadores a espacios de concertación para definir de manera colectiva el futuro institucional. “La idea es construir una visión compartida, integradora y con capacidad de decisión”, afirmó.
El rector encargado también se refirió al paro estudiantil y al clima interno que enfrenta la universidad. Dijo haber encontrado disposición al diálogo por parte de los sindicatos y sectores académicos, y aseguró que su administración buscará superar la confrontación mediante acuerdos.
“El reto es avanzar hacia una universidad moderna, conectada con el mundo y a la altura de lo que espera el Caribe colombiano”, concluyó durante su intervención.
Mientras persisten los cuestionamientos sobre su designación, las palabras de Castillo marcan el inicio de una gestión que apuesta por el consenso, en un contexto institucional aún atravesado por la incertidumbre y el escrutinio público.
