El togado 14 de control de garantías de Barranquilla, contrariando la petición de cárcel hecha por la Fiscalía, también indicó que no existe riesgo de fuga de parte del exdiputado.
Por: Iván Peña Ropaín.
El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, continuará en libertad. Así se determinó en la audiencia que se le sigue al exdiputado del Atlántico por presuntos hechos de corrupción que habría cometido cuando ejercía dicho cargo público en la Gobernación del Atlántico y que beneficiaron a la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
Tal decisión la tomó la tarde del viernes 19 de diciembre, el juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz, una vez negó la medida de aseguramiento domiciliaria en contra de Nicolás Petro, a quien se le señala por los delitos de direccionamiento de contratos y apropiación de 200 millones de pesos.
Contrariando la solicitud que había hecho la Fiscalía, el togado Ortiz indicó que no encontró méritos para cobijar con una medida intramural al exfuncionario y anexando también que no hay peligro de que Nicolás tenga alguna intención de obstruir a la justicia o que exista algún riesgo de intento de fuga.
En medio del cumplimiento de la diligencia judicial, el alto funcionario de justicia justificó lo último dicho en el párrafo anterior manifestando que, pese a ser hijo del Presidente de la República, no ha mostrado intenciones de querer salir del país.
Por su parte, el ente acusador insistió en la audiencia que Nicolás, presuntamente junto con su expareja Daysuris Vásquez, se habrían apropiado de recursos que salieron de las arcas de la Gobernación del Atlántico hacia Fucoso, entidad en la que, al parecer, Petro Burgos tendría un influencia importante. Tras esa movida, indicó la Fiscalía, se desvió el 50% de los dineros que acabaron en los bolsillos del exdiputado, de Daysuris y del representante legal de la fundación, Gustavo De la Ossa.
Tal porcentaje del que se habla corresponde a 400 millones de pesos que estaban destinados para capacitaciones y atención de personas de la tercera edad en los municipios del Atlántico. Empero, dice la Fiscalía, se reitera, solo se usaron para tal fin 200 millones de pesos, mientras que los otros 200 millones se los quedaron el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Day Vásquez y los otros involucrados en este proceso que lleva casi tres años.
