“Tendremos que escoger entre alimentar a los niños o los presos”, advirtió con indignación el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.
La Federación Colombiana de Municipios ha mostrado su preocupación e indignación por la medida administrativa derivada de un fallo de la Corte Constitucional de 2022, que posteriormente fue convertido en ley por el Congreso de la República (Ley 2346 de 2024), sobre la responsabilidad de las entidades territoriales de asumir la alimentación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.
La disposición entrará en vigencia el primero de julio del año en curso y obliga a la gobernaciones departamentales y alcaldías municipales a financiar la alimentación que las personas recluidas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
La alimentación de las personas privadas de la libertad venía cumpliéndola la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -Uspec, sin embargo, con la ley serán los municipios y departamentos quienes velen por esto.
Frente a esta medida administrativa, varios gobernadores y alcaldes han alzado su voz y advierten que los municipios no están listos para costear la alimentación de los presos en el país.
Desde Cartagena, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, expresó su preocupación por la entrada en vigor de la ley y anotó que esta situación podría generar una bomba de explosión social porque los territorios no tienen recursos para asumir esta responsabilidad.
“Estamos muy preocupados, esto puede ser una bomba de explosión social incalculable porque lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, los municipios no tienen los recursos, algunos municipios tienen en esa materia que aportar recursos muy importantes y no los tienen. Aquí estamos hablando desde la comida, que todos los seres humanos necesitamos para vivir, esto no es un tema de aplazar o no la construcción de una obra. Por eso estamos esperando que, como se le pidió al Presidente de la República la noche anterior, se presente un proyecto de ley con mensaje de urgencia, que si se hace esta misma semana o la próxima, podría alcanzar a estar aprobada antes del 1 de julio y de esa manera resolver la situación”, dijo Toro.
En ese sentido, uno de los que mostró mayor preocupación fue el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, asegurando que en ese departamento hay cerca de 2.500 personas privadas de la libertad en las distintas estaciones de Policía de los municipios y esto representaría una carga fiscal considerable que violaría la autonomía fiscal y operativa de los entes territoriales.
“Nos toca escoger hoy si le damos comida a los a los niños de los colegios o a los presos. Yo creo que eso es un tema humanitario, pero no puede ser competencia de las entidades regionales y no puede seguir la Corte Constitucional a quien respeto admiro profundamente seguir legislando. Para eso está el Congreso de la República nos ponen unas cargas que no tenemos cómo resolver, nos ponen unas competencias que no tenemos cómo resolver financieramente. Los recursos de los departamentos tienden a ser regresivos”, manifestó Arana.
Respaldando el comentario del mandatario departamental, el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, indicó: “Nosotros en las agentes territoriales y departamentales y municipales no tenemos hoy los recursos suficientes para atender esta demanda. Cada plato de comida cuesta 18 mil pesos que multiplicado por 3, significa que cada persona privada de la libertad le cuesta a los bolivarenses o a los habitantes de los diferentes municipios del departamento Bolívar 54 mil pesos. Si eso lo multiplicamos por 30 días que tiene el mes y por 12 meses que tiene el año imagínense cuánto cuesta, estaríamos hablando de que estas 2.500 personas le estarían costando al departamento Bolívar más de 40 mil millones de pesos al año“.
