El beneficio se otorga por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.
El polémico contratista Emilio José Tapia Aldana, condenado por su participación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados y en el carrusel de la contratación de Bogotá, obtuvo por segunda vez en el año el beneficio de libertad condicional, según confirmó este martes el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La decisión fue adoptada por la Jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, la misma togada que en abril de 2025 le había concedido el beneficio por primera vez, medida que fue revocada en octubre por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, ordenando su recaptura inmediata.
En esta nueva resolución, se le reconocen a Tapia 90 meses y 10 días de prisión cumplidos, lo que le permite acceder al beneficio con un periodo de prueba de 27 meses y 11 días. La jueza mantuvo la caución prendaria prestada previamente y ordenó la suscripción de una nueva acta de compromiso, advirtiendo que cualquier incumplimiento podría revocar la libertad y ordenar su regreso a prisión.
Tapia, conocido como el ‘zar de la contratación’, fue condenado en diciembre de 2024 a seis años y cuatro meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó ser el cerebro del fraude que permitió el desvío de más de 70.000 millones de pesos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), recursos destinados a llevar internet a zonas rurales a través de la Unión Temporal Centros Poblados, que presentó garantías bancarias falsas.
La primera libertad condicional, otorgada el 11 de abril de 2025 tras cumplir 48 meses y 10 días, generó polémica y llevó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico a abrir una investigación formal contra la jueza Fernández por las circunstancias de la decisión y una presunta demora en resolver la apelación de la Procuraduría.
Tras la revocatoria en octubre, Tapia fue recapturado en Barranquilla. Ahora, con esta nueva concesión, recupera la libertad en medio de un clima de controversia sobre la imparcialidad judicial en casos de alto perfil de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación anunció que analizará si impugna esta segunda decisión, recordando que en el pasado impulsó la revocatoria del beneficio.
