En el marco de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno del presidente Petro.
En medio del foro preparatorio con funcionarios judiciales del Atlántico, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó detalles sobre la cimentación de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno Nacional, y entre otros puntos, dio claridad entorno a murmuraciones que mencionan la desaparición de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Frente a la primera entidad, el jefe de cartera dijo que si se contemplan algunas modificaciones alienadas al Derecho Internacional y a fortalecer sus recursos, en las que los procesos de intervención en materia penal pasen al sistema judicial del país, junto a las funciones de suspender o inhabilitar a quienes hayan sido elegidos mediante el voto popular.
“Eso sí, es una reforma, pero no una supresión ni un recorte a la Procuraduría, será un ajuste por una parte al Derechos Internacional de Derechos Humanos y para fortalecer los recursos del ministerio público”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.
Refiriéndose al Inpec en particular, Osuna descartó que esta vaya a desaparecer y las riendas del control pasen a otra institución como la Policía, aunque reconoció que hay algunos problemas de articulación y corrupción dentro de esta entidad.
“Creo que, digamos, la guardia penitenciaria siempre existirá, porque siempre van a haber custodios, guardianes y dragoneantes, así que una institución como el Inpec siempre tendrá que existir. Podemos cambiarle el nombre o su figura, pero debe existir. Ahora bien, la mayoría de los funcionarios sí cumplen con sus funciones de manera cabal”, agregó.
Dentro de ese rubro, destacó que se contempla en la nueva reforma una modificación en el sistema penitenciario, donde se favorezca la re-socialización de los privados de la libertad, en la que puedan trabajar o estudiar con el fin de que esa experiencia carcelaria se convierta en una factor de utilidad, es decir, que los custodios con su esfuerzo puedan ganarse su alimentación y generen productividad.
Entre otras puntos, también anunció la necesidad de priorizar un sistema de justicia familiar que sea rápido y eficiente, pues considera que una audiencia para dejar tasa de alimentos demore hasta siete meses para concretarse.
