El Gobierno nacional revisará a fondo el funcionamiento de las cámaras de detección electrónica en todo el país.
La ministra de Transporte Elsa Noguera anunció una revisión integral a los sistemas de fotodetección instalados en el territorio nacional. La medida busca meter en cintura los dispositivos instalados de manera irregular y frenar lo que la ciudadanía ha denunciado repetidamente como una estrategia con fines exclusivamente fiscales.
La directriz, impartida tras la instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, contempla auditorías inmediatas a las cámaras operativas, además de una exigencia más estricta en los parámetros técnicos necesarios para autorizar nuevos dispositivos en el país.
El eje central de la decisión radica en devolverle la naturaleza preventiva a la tecnología de tránsito. Desde la cartera gubernamental se enfatizó que estos mecanismos deben responder de manera exclusiva a criterios de seguridad vial y mitigación de siniestralidad en las carreteras.
Noguera advirtió que se implementarán medidas severas contra los operadores y municipios donde se detecten anomalías. Entre los puntos críticos a vigilar figuran la falta de señalización previa, la ausencia de estudios técnicos que justifiquen la ubicación del radar y los cobros desproporcionados.
“El propósito de los sistemas de detección electrónica debe ser salvar vidas y prevenir accidentes, nunca convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos. Donde encontremos abusos, irregularidades o falta de sustento técnico, actuaremos con contundencia. La seguridad vial está para proteger la vida de la gente; en ningún caso para servir como mecanismo de recaudo”, expresó la ministra de Transporte en las últimas horas.
Por instrucciones del presidente @ABDELAESPRIELLA revisaremos a fondo el funcionamiento de las fotomultas en todo el país. Las cámaras deben salvar vidas y prevenir siniestros, no convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos. Donde encontremos abusos o irregularidades,… pic.twitter.com/cSoCRDKGH1
— Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 23, 2026
El anuncio genera expectativas entre el gremio de conductores y la ciudadanía en general, quienes por años han señalado que los radares responden más a intereses de recaudo privado que a verdaderos planes de protección operacional y vial.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca transformar el modelo de control de tránsito hacia uno con mayor sustento técnico y transparencia institucional, garantizando que el monitoreo en las vías no vulnere los derechos de los usuarios.
