La violencia en Tibú y El Tarra impacta el inicio del calendario escolar y la seguridad de las comunidades educativas.
El Ministerio de Educación Nacional manifestó su preocupación y rechazo por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la Ley en la región del Catatumbo, que continúa generando graves afectaciones contra la población civil, campesina, y de manera especial contra niñas, niños, adolescentes y comunidades educativas del territorio.
Las diferentes alteraciones al orden público que se han desarrollado en los municipios como Tibú y el Tarra en el departamento del Norte de Santander, a pocas semanas de iniciar el calendario 2026, generan temor en la comunidad educativa por las situaciones que se pueden presentar al quedar en medio de los enfrentamientos armados, lo que podría generar un impacto de manera directa hacia la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.
“En el marco del Derecho Internacional Humanitario, el articulo 3 común a los convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional, y las normas de DIH consuetudinario establecen la obligación de proteger a la población civil, especialmente a la niñez, frente a los efectos de las hostilidades. Así mismo, los establecimientos educativos son bienes de carácter civil, y por tanto no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilizaciones confines militares ni instrumentalización alguna”, recordó el Mineducación.
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de los Niños consagra el derecho de todas la niñas y niños a la educación, obligando a los Estados y a los actores armados a garantizar su protección, incluso en contextos de conflicto armado. Adicionalmente, Colombia acoge el mandato de la Declaración sobre Escuelas Seguras, que reafirma el compromiso de proteger a estudiantes, docentes, directivos docentes y escuelas como espacios de aprendizajes, cuidado y protección.
En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado urgente a todos los grupos armados que hacen presencia en el Catatumbo para que respeten de manera irrestricta la vida, la integridad y los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo a la comunidad educativa o afecte el derecho a la educación. La escuela no puede ni debe ser escenario de la confrontación armada.
El Ministerio reiteró que afectar el derecho a la educación es afectar el presente y el futuro de los territorios, profundizando las brechas de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad que históricamente han marcado a esta región del país: “La escuela debe seguir siendo un espacio de protección, permanencia, esperanza y vida, incluso en los contextos más adversos”.
